Carlos Morales
Montevideo.- El anuncio de una “masacre” obligó el miércoles a evacuar la universidad pública de Uruguay, un país donde la monotonía habitual ha sido interrumpida por esta y otras amenazas a instituciones y centros comerciales que las autoridades están tomando en serio.
La gota que colmó el vaso fue el correo electrónico enviado por un presunto miembro de un grupo terrorista internacional (llamado “764”) a la rectoría de la Universidad de la República (Udelar), avisando que perpetraría una “masacre” en aulas y pasillos de la institución, matando “a la mayor cantidad de gente posible”. El desconocido advertía además que transmitirá todo por redes sociales, antes de suicidarse.
“Yo les demostraré a todos ustedes que ninguna vida importa”, finalizaba, adjuntando una fotografía donde se podían ver tres armas largas, dos pistolas y un manojo de munición.
El misterioso mensajero, que hasta ahora no ha sido identificado, hizo llegar su correo a la casilla oficial de la universidad, y puso en copia a las direcciones electrónicas de los principales partidos políticos del país: el Frente Amplio (centroizquierda) y Partido Nacional (centroderecha). “Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado”, amenazaba.
El episodio, ya de por sí infrecuente para este pequeño y tranquilo país sudamericano, fue precedido, en los días anteriores, por una serie de cuatro extrañas llamadas a dos centros comerciales ubicados en zonas costeras de Montevideo, mediante las cuales desconocidos alertaban sobre la presencia de artefactos explosivos.
Los avisos obligaron a la evacuación inmediata de clientes y trabajadores. Contingentes enteros de la Dirección Nacional de Bomberos inspeccionaron en vano los establecimientos en busca de los objetos detonantes.
También hubo llamadas similares a centros de educación secundaria de Montevideo.
En la universidad, en tanto, la noticia del correo electrónico trascendió después de que los alumnos de las facultades de Derecho, Economía y Arquitectura se enteraran de una presunta amenaza de bomba, similar a las enviadas en los últimos días. La mayoría asumió de entrada que se trataba de una broma para evitar las clases o una simple treta para saltarse un examen.
Sin embargo, luego de que se conociera el tono del mensaje, las autoridades de la Udelar determinaron la suspensión de las clases y la evacuación de todas sus dependencias. Las puertas de la institución se trancaron a cal y canto con un aviso de cierre por razones de “fuerza mayor”.
El gremio de docentes de la universidad emitió entonces un comunicado reclamando una investigación de la amenaza, y advirtiendo que no levantarían la suspensión de actividades hasta no contar con garantías de seguridad.
De hecho, un hombre ingresó a la fuerza a la Facultad de Ciencias Sociales, ya desalojada para entonces, y agredió a dos funcionarios antes de darse a la fuga. Fue detenido por un patrullero a las pocas cuadras, en la céntrica avenida 18 de Julio.
La sucesión de casos obligó a la Policía Nacional a convocar a la prensa para pronunciarse sobre el asunto y dar tranquilidad a la población, aunque sin aportar nuevos detalles a las versiones que circularon en los medios nacionales y en redes sociales.
NI CONFIRMA NI DESCARTA
“No podemos permitir que se perturbe la paz pública. Por ahora no descartamos ni relacionamos lo ocurrido con algún grupo”, declaró el miércoles el comisario general José Manuel Azambuya, director de la Policía Nacional ante los periodistas.
El funcionario reconoció la preocupación de las autoridades por las recientes amenazas de bomba y por la promesa de matanza enviada a la Udelar, pero instó a la ciudadanía a llamar a la Policía para evitar confusiones.
Azambuya desmintió que una persona ingresara armada a la sede central de la universidad (un rumor que circuló inicialmente entre los estudiantes), y aseguró que trabaja junto a la Fiscalía para identificar a los posibles responsables de estas intimidaciones: “Todas las hipótesis se están investigando”, aseguró.
En su intervención, que duró menos de 10 minutos, el oficial destacó el cumplimiento de los protocolos establecidos ante tales denuncias, y llamó a evitar las autoevacuaciones porque, aseguró, solo generan confusión.
“La investigación tiene su tiempo y, en ese proceso, tenemos que cuidar determinadas garantías para obtener los elementos materiales y ponerlos a disposición de la Fiscalía para que pueda actuar en consecuencia en la identificación de él o los autores que han estado detrás de este tipo de situaciones”, concluyó Azambuya.
Sean falsa alarma o amenaza real, los recientes incidentes movilizaron a las fuerzas del orden y a la opinión pública, y al menos por unas horas pusieron en entredicho que Uruguay sea, como suelen decir sus habitantes, un país donde “nunca pasa nada”. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/ObservadorUY
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