En un hecho sin precedentes, el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, que impedirá a deudores alimentarios, agresores sexuales y personas con antecedentes de violencia familiar acceder a puestos públicos o de elección popular.
La reforma constitucional, impulsada por las diputadas Sandra Pámanes (Movimiento Ciudadano) , Lorena de la Garza (PRI ) y Armida Serrato (PRI), fue avalada por unanimidad en sesión plenaria.
“Este es un mensaje contundente: quienes violenten derechos humanos no tienen lugar en la función pública”, declaró Pámanes Ortiz durante la discusión.
La iniciativa modifica cinco artículos de la Constitución local para establecer que la suspensión de derechos políticos aplicará para condenados por delitos como violencia de género, abuso sexual o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
La presidenta del Legislativo, Lorena de la Garza, destacó la urgencia de esta medida en un estado que enfrenta altos índices de violencia contra las mujeres. “No podemos permitir que agresores tomen decisiones que afectan a quienes han victimizado. El servicio público exige integridad”, afirmó. Los datos respaldan la preocupación: en 2024, Nuevo León registró cifras récord en feminicidios y violencia intrafamiliar.
La reforma, conocida como “3 de 3” por cubrir tres tipos de delitos, fue elaborada por la Comisión de Puntos Constitucionales. “Durante años, la política fue refugio de impunidad para agresores. Hoy cerramos esa puerta”, señaló la diputada Serrato al presentar el dictamen que modifica nueve disposiciones constitucionales.
Entre los cambios destacan la inhabilitación automática para cargos y la creación de un registro de deudores alimentarios morosos.
El paquete legislativo recibió apoyo transversal, aunque deberá ser ratificado en una segunda votación para entrar en vigor. De aprobarse definitivamente, Nuevo León se convertiría en el primer estado en alinear su marco jurídico con la reforma federal que en 2022 estableció estos candados a nivel nacional.
“Esto no es persecución política, es justicia básica”, remarcó De la Garza. Las legisladoras coincidieron en que la medida busca restaurar la confianza ciudadana y sentar un precedente para que otras entidades repliquen el modelo. El siguiente paso será la armonización de leyes secundarias para definir los mecanismos de verificación de antecedentes.
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