Con 350 votos a favor y 100 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que busca modernizar los procesos de compra gubernamental bajo principios de transparencia, eficiencia y combate a la corrupción.
La reforma, que también modifica la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas, establece la creación de una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas. Este sistema sustituirá a Compranet y permitirá la gestión integral de procesos, desde la publicación de convocatorias hasta la firma electrónica de contratos, garantizando mayor agilidad y trazabilidad en el gasto público.
Dentro de la plataforma, se incluirá la Tienda Digital del Gobierno Federal, un módulo diseñado para adquisiciones rápidas de bienes de uso común, como artículos de oficina. Asimismo, se implementarán mecanismos para favorecer a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a cooperativas y sectores sociales prioritarios.
Para fortalecer la rendición de cuentas, la ley incorpora la figura de Testigos Sociales y establece sanciones disuasivas contra irregularidades. Además, la Secretaría de Hacienda, en coordinación con la Secretaría Anticorrupción, realizará estudios de mercado para optimizar precios y condiciones en las compras consolidadas.
La normativa abroga la anterior ley de contrataciones, vigente desde el año 2000, y establece plazos escalonados para su implementación: 18 meses para los módulos esenciales y 30 meses para la operación total de la nueva plataforma. Mientras tanto, Compranet seguirá funcionando en lo que concluye la transición.
El dictamen fue enviado a discusión en lo particular, donde se analizarán artículos específicos reservados por los legisladores. Entre los puntos pendientes destacan ajustes a los procedimientos de contratación estratégica y las adaptaciones requeridas en las leyes secundarias.
Esta reforma representa un paso hacia la digitalización de la administración pública, con el objetivo de optimizar recursos, garantizar competencia leal entre proveedores y reducir espacios para prácticas corruptas.
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