El Poder Legislativo de Nuevo León aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Registral y Catastral del Estado que aclare la situación legal de los terrenos en Santa Catarina donde se proyectaba instalar la gigafábrica de Tesla, tras denuncias de posibles irregularidades en la propiedad del predio.
El diputado Miguel Lechuga (PAN), promotor de la iniciativa, advirtió sobre posibles conflictos de propiedad que podrían afectar el megaproyecto anunciado con bombo y platillo en 2023. “Existen ciudadanos que aseguran ser dueños legítimos de parte de estos terrenos y denuncian anomalías en los registros catastrales”, alertó el legislador durante la sesión ordinaria.
El acuerdo -aprobado con mayoría y la abstención de Movimiento Ciudadano- busca garantizar certeza jurídica para las inversiones. Lechuga, quien también preside la Comisión de Infraestructura, enfatizó que no se pueden ignorar las denuncias sobre posibles alteraciones en los documentos oficiales que podrían violar principios de legalidad y transparencia.
“Como representante de Santa Catarina, tengo la obligación de velar por que estos procesos cumplan con la ley, especialmente en un proyecto de esta magnitud que prometía desarrollo económico para toda el área metropolitana”, declaró el congresista.
La resolución legislativa ocurre meses después de que Elon Musk anunciara el cambio de ubicación de la planta a Texas, decisión que generó dudas sobre las verdaderas razones detrás del cambio. Las autoridades estatales ahora deberán informar formalmente sobre el estatus legal real de los terrenos que se promocionaron como sede del proyecto.
Este movimiento del Congreso estatal marca un primer paso para esclarecer si existieron inconsistencias en el manejo de los predios destinados a lo que sería la inversión más publicitada de la actual administración estatal.
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