Las desapariciones forzadas han sido uno de los temas con mayor peso en la historia de México, por lo que las autoridades mantienen estrategias para frenar este delito. Recientemente, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hizo una solicitud de información al Gobierno mexicano sobre esta problemática.
“El Comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene con México desde 2014, por lo que el Estado Mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”, se lee en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores del país.
Asimismo, las dependencias rechazaron los señalamientos del presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, Olivier de Frouville, quien aseguró previamente que este delito ocurre “de manera generalizada o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México”.
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado (…) [El país] está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”, aseveraron las secretarías de Estado.
Recientemente, la Administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó reformas para resolver la desaparición de personas en el país, entre las que se incluye un sistema de intercambio nacional de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares.
Las acciones ocurren después de que, durante los primeros días de marzo, familiares de personas desaparecidas hallaran restos humanos y pertenencias en un campo de entrenamiento en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, municipio en el estado de Jalisco, donde permanecieron secuestradas y presuntamente fueron asesinadas decenas de personas.
Este caso ha derivado en protestas dentro y fuera de la entidad, ubicada en el oeste del territorio mexicano, así como diversas exigencias a los gobiernos local y federal.
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