Ciudad de México.- Cientos de colectivos de familiares de desaparecidos respaldaron el miércoles una investigación del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, en inglés), sobre “indicios fundamentados” de esta práctica “sistemática” en el país latinoamericano.
“Las familias, colectivos en búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones, personas aliadas y solidarias respaldamos de manera contundente al CED, el cual a través de su presidente, Olivier de Frouville, anunció la apertura del procedimiento, por parte del CED de la ONU”, dice un comunicado conjunto.
La actuación emprendida se basa en el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, dice el texto firmado por 364 familiares, 158 colectivos de personas desaparecidas, 108 organizaciones de la sociedad civil, y 272 personas solidarias.
Por ello, rechazamos el pronunciamiento aprobado el 8 de abril de 2025 por el Senado de la República, en el que se niega que en México las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemática. pic.twitter.com/oQjVossSuj
— Fundación para la Justicia (@FJEDD) April 9, 2025
En la clausura la semana pasada de la reunión anual del CED en Ginebra, Frouville anunció que en las próximas semanas notificará del procedimiento de consultas, solicitando al Estado mexicano información sobre las denuncias que investiga “sin prejuzgar de modo alguno las próximas etapas del procedimiento”.
El mecanismo se activa “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte”, indica la Convención citada por los familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Por ello, rechazamos el pronunciamiento aprobado el 8 de abril de 2025 por el Senado de la República, en el que se niega que en México las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemática”, dice el pronunciamiento colectivo.
RECHAZO A LA NEGACIÓN
Tras solicitar toda la información pertinente a México, el CED podrá llevar la cuestión, “con carácter urgente”, a la consideración de la Asamblea General de la ONU, por medio del secretario general, Antonio Guterres, detalla el artículo esgrimido por Frouville.
Por esa razón, el pronunciamiento aprobado por mayoría oficialista en el Senado “representa una negación oficial del contexto de violencia que viven cientos de miles de familias en el país”, prosigue el documento.
Reseña también que durante más de 14 años las familias, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, han proporcionado al CED información sobre la crisis de desapariciones en el país latinoamericano.
Esas denuncias han documentado “deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas por las últimas cuatro administraciones federales -encabezadas por tres partidos distintos en tres lustros- en prevención, búsqueda de personas, identificación forense, procuración e impartición de justicia”.
LARGA BÚSQUEDA
Desde 2015 han solicitado que se aplique en México la Convención contra Desapariciones Forzadas, esgrimiendo que existe “una crisis sostenida y en aumento, afirmamos que el acompañamiento de la ONU es indispensable”.
En México hay más de 125.000 personas registradas oficialmente como desaparecidas, indica el pronunciamiento conjunto.
Los expertos y familiares de las víctimas sostienen que “corresponde únicamente al Estado, y no a las familias la obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito”.
Agregan que “la aquiescencia también es una forma de desaparición”.
Señalan además el hallazgo de restos humanos calcinados en un predio rural en marzo, donde operaba un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, que había sido allanado por autoridades y guardias nacionales en septiembre pasado.
Deploran que “negar a las familias el derecho de contar con mecanismos internacionales como el anunciado por el CED, y hacerlo además en un contexto donde el país ha sido nuevamente confrontado con el horror, evidenciado por el hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco, no contribuye a generar un clima de confianza”.
Los colectivos agregan que tampoco demuestra una verdadera apertura a soluciones de parte de la presidencia: “lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación, verdad y justicia”.
Finalmente esperan que el Estado mexicano rectifique su postura porque el procedimiento “no es una amenaza, es esperanza, como último recurso”.
El pleno del Senado de mayoría oficialista denunció a Frouville por actuar “de manera unilateral, irresponsable y sin sustento alguno, para aseverar que este delito se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio mexicano”.
La cámara alta exige al presidente del CED “el retiro de sus oprobiosas aseveraciones”.
Los senadores aseguran que el experto en derechos humanos carece de facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre del Comité, por lo que “violenta el proceso interno, y pre juzgó sin pruebas (…) lo que representa una frívola aseveración”.(Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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