La bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León puso sobre la mesa una iniciativa que, de ser aprobada, podría marcar un antes y un después en la forma de castigar a los agresores sexuales de menores: la castración química como complemento a las penas de prisión.
Miguel Ángel Flores Serna, coordinador de la bancada naranja, dejó en claro que esta propuesta nace de la indignación y la urgencia. “En Nuevo León, los abusadores infantiles no son bienvenidos. Y quien se meta con nuestros niños, lo va a pagar, y lo va a pagar muy caro”, sentenció.
Respaldado por legisladoras como Paola Linares quién de principio tomó la palabra, Sandra Pámanes y Marisol González, Flores aseguró que ya no basta con aumentar las penas de cárcel. “Ya lo hicimos antes, y no ha sido suficiente. Hay que ir más allá: hay que cortar el problema de raíz”, afirmó.
La iniciativa plantea modificar el Código Penal estatal para que, además de cumplir con una sentencia, los agresores sexuales de menores puedan ser sometidos —en ciertos casos— a un tratamiento médico que reduzca o inhiba su impulso sexual. Esto, dijo Flores, no es una ocurrencia ni un castigo cruel: es una herramienta que ha probado su eficacia en países como Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur.
“Esto no se trata de venganza, sino de prevención. No podemos seguir permitiendo que miles de niños y niñas vivan con el enemigo en casa, en la escuela, en su círculo más cercano. El abuso sexual infantil no solo daña, mutila el alma. Y si las víctimas deben vivir con el trauma toda su vida, ¿por qué no los agresores?”, cuestionó la diputada Linares.
El panorama no deja margen para la pasividad. Tan solo en los primeros nueve meses de 2024, se registraron más de 64 mil delitos sexuales en el país, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y México se mantiene en los primeros lugares de abuso infantil.
La propuesta, que contempla también atención psicológica y psiquiátrica obligatoria, será llevada a mesas de trabajo para incluir las voces de especialistas en salud, derechos humanos, criminología y víctimas. La intención, afirman los legisladores, es construir una legislación sólida, justa y efectiva.
“Sabemos que el tema es controversial, pero no nos preocupa si genera polémica. Que se preocupen los agresores, porque ahora sí habrá consecuencias. A nosotros nos preocupan los niños de Nuevo León. Y esta es una manera clara de protegerlos”, subrayó Flores.
La medida sería inicialmente voluntaria en primera ofensa, pero obligatoria en casos de reincidencia, aunque aún falta afinar los mecanismos. Los diputados aseguraron que están dispuestos a escuchar todas las posturas y perfeccionar la iniciativa a través del debate.
“Los agresores sexuales roban algo que no se puede devolver: la paz de una infancia. Por eso la sanción debe estar a la altura del daño. Esta ley busca precisamente eso: mandar un mensaje contundente de que en Nuevo León no se tolera el abuso infantil. Ni una víctima más”, concluyó Flores.
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