De Palacio Nacional a la taquería: la extorsión que terminó en balas
El asesinato del empresario Julio César Luna Rodríguez, dueño de los populares Tacos Del Julio en San Pedro Garza García, ha escalado hasta convertirse en un caso de resonancia nacional, al grado de merecer comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
El crimen de este pequeño empresario -ejecutado a plena luz del día en San Nicolás de los Garza- revela las peligrosas conexiones entre crimen, corrupción y poder que persisten en Nuevo León.
La gravedad del caso quedó evidenciada cuando la máxima autoridad del país tuvo que intervenir, exigiendo una investigación exhaustiva sobre las denuncias de extorsión que la víctima había presentado “supuestamente” contra altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad de San Pedro.
Sheinbaum fue contundente: “La extorsión debe ser sancionada con todo el peso de la ley, especialmente cuando la comete una autoridad”.
Sin embargo, la respuesta del municipio de San Pedro Garza García ha sido a través de un comunicado cuidadosamente redactado, la administración local niega cualquier vínculo con el crimen, argumentando que no tenían registro de denuncias por extorsión -a pesar de que existe una interpuesta (de nuevo supuestamente ) por la propia víctima- y sugiriendo que la falta de seguimiento del denunciante invalidaba las acusaciones.
Este caso exhibe un modus operandi alarmante que se repite en México: ciudadanos que denuncian extorsión por parte de autoridades y terminan silenciados permanentemente. La frialdad del crimen -cometido por dos sujetos en un automóvil Kia gris- contrasta con la tibieza de las respuestas institucionales. ¿Cómo es posible que un empresario haya presentado una denuncia formal contra funcionarios (volvemos a lo mismo supuestamente ) y días después aparezca ejecutado, sin que esto active protocolos especiales de investigación?
La intervención presidencial, aunque tardía, marca un punto de inflexión. Ya no se trata sólo de un crimen local, sino de un caso que pondrá a prueba la capacidad del Estado para combatir la corrupción en sus propias filas. La Fiscalía de Nuevo León tiene ahora la responsabilidad histórica de demostrar que ningún poder fáctico está por encima de la ley.
Mientras tanto, la sociedad observa con escepticismo creciente. Las condolencias oficiales y los comunicados pulcros ya no bastan. San Pedro Garza García, como todo México, exige justicia real -para Julio César Luna y para todos los empresarios que día a día enfrentan el hostigamiento de quienes deberían protegerlos y claro está perseguir de quiénes prosiguen jodiendo con el cobro de piso en todos los rincones de México.
