El sistema penal de Nuevo León dio esta semana un paso importante en un caso que revela los peores excesos de poder y confianza. Rubén “N”, instructor de gimnasia de 40 años, enfrentará proceso en prisión por delitos sexuales cometidos contra menores desde 2006.
El juez dictó auto de formal prisión por cargos que incluyen atentados al pudor, actos equiparables a violación, pornografía infantil y corrupción de menores.
Lo más grave del caso no es solo la naturaleza de los delitos, sino el largo periodo en que permanecieron impunes. Durante casi dos décadas, este sujeto aprovechó su posición de autoridad para abusar de niñas que acudían a él buscando formación deportiva. Las denuncias recientes lograron lo que el sistema no pudo detectar a tiempo: documentar un patrón de conducta criminal que dejó daños físicos y psicológicos irreparables.
El hecho de que el acusado ya estuviera sujeto a medidas cautelares por otro proceso similar revela una peligrosa permisividad del entorno. ¿Cuántas señales de alerta fueron ignoradas? ¿Cuántas instituciones fallaron en proteger a estas menores? La Fiscalía tiene ahora 15 días para integrar más pruebas, pero el verdadero reto va más allá de este caso concreto.
Este proceso judicial debe servir como punto de inflexión para revisar los mecanismos de supervisión en espacios donde adultos interactúan con menores.
Los gimnasios, escuelas y centros deportivos deben implementar protocolos estrictos que prevengan estos abusos. La justicia llega tarde para las víctimas, pero puede llegar a tiempo para evitar nuevos casos.
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