La creación del Instituto de las Personas con Discapacidad en Nuevo León no es solo un proyecto legislativo más, sino una deuda histórica que comienza a saldarse. La reciente mesa de trabajo convocada por el diputado Tomás Montoya, con la participación de más de 100 representantes de organizaciones civiles, marca un punto de inflexión en la lucha por construir una sociedad verdaderamente incluyente.
Lo valioso de este ejercicio no radica únicamente en la discusión técnica sobre las atribuciones del futuro instituto, sino en la metodología adoptada: escuchar directamente a quienes viven día a día los desafíos de la discapacidad. Desde asociaciones que trabajan con personas con autismo hasta colectivos que representan a la comunidad sorda o con movilidad limitada, la diversidad de voces en la mesa garantiza que la iniciativa responda a necesidades reales, no a percepciones burocráticas.
El planteamiento de un organismo que coordine los esfuerzos dispersos entre secretarías de Salud, Educación, Movilidad y el DIF estatal es particularmente acertado. Hoy, las personas con discapacidad y sus familias deben navegar un laberinto institucional donde cada dependencia actúa de forma fragmentada. Un instituto rector podría terminar con esta dispersión, siempre que cuente con autoridad real para alinear políticas y presupuestos.
Sin embargo, el verdadero reto comienza ahora. La promesa de mantener abierto el proceso de consulta a través de un micrositio legislativo deberá traducirse en mecanismos permanentes de participación, no solo en esta fase inicial. La discapacidad no es un tema unidimensional: requiere ajustes continuos a medida que evolucionan las necesidades sociales y los avances tecnológicos.
Más allá del consenso político que logre esta iniciativa –necesario pero no suficiente–, lo que determinará su éxito será la capacidad de transformar las buenas intenciones en cambios tangibles: desde escuelas realmente incluyentes hasta transporte público adaptado, pasando por oportunidades laborales que vayan más allá del cumplimiento de cuotas.
Nuevo León tiene la oportunidad de convertirse en referente nacional en materia de inclusión. Pero para ello, el futuro instituto deberá ser algo más que una nueva estructura burocrática: debe convertirse en un catalizador que remueva los obstáculos que por décadas han limitado el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. El camino apenas comienza, pero por primera vez, se está construyendo con quienes mejor conocen el terreno.
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