Cada día, 77 personas se suman a la lista interminable de desaparecidos en México. Mientras el gobierno minimiza la crisis, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) alza la voz con una advertencia histórica: el Estado mexicano no solo ha fallado en detener esta tragedia, sino que, al evadir su responsabilidad, se convierte en cómplice.
Desde hace más de una década, organizaciones como CADHAC han documentado lo que las autoridades se niegan a reconocer: un sistema de impunidad que permite que las desapariciones sigan ocurriendo sin consecuencias. El CED no actúa por capricho. Su decisión de invocar el Artículo 34—un mecanismo excepcional—es la respuesta a años de omisiones, simulaciones y mentiras. En 2021, sus expertos recorrieron el país y confirmaron lo que las familias ya sabían: hay fosas sin identificar, búsquedas sin resultados y un sistema de justicia que protege más a los perpetradores que a las víctimas.
Las cifras no mienten: más de 127,000 desaparecidos. Pero detrás de cada número hay una familia que clama por verdad y justicia. Sin embargo, en lugar de asumir su responsabilidad, el Estado responde con negaciones y ataques hacia quienes denuncian. La retórica oficial insiste en que todo está bajo control, pero la realidad grita lo contrario.
Lo ocurrido en Jalisco no es un caso aislado. Es el reflejo de un patrón que se repite en todo el país, donde la colusión entre autoridades y grupos criminales ha permitido que la desaparición forzada se convierta en un negocio impune. Las universidades, los colectivos y la sociedad en general no pueden permanecer indiferentes. La normalización de esta violencia es otra forma de complicidad.
No se trata solo de exigir justicia, sino de impedir que el Estado siga borrando la evidencia de sus fracasos. El CED ha sido el único espacio donde las víctimas han sido escuchadas sin manipulación. Rechazar sus recomendaciones no solo es un acto de soberbia, sino una traición a las miles de familias que siguen buscando a sus seres queridos.
México no necesita más discursos. Necesita acciones concretas: investigar con seriedad, castigar a los responsables—incluyendo a funcionarios involucrados—y garantizar que ninguna otra persona sea borrada del mapa sin consecuencias. La desaparición forzada no es un problema del pasado. Sigue ocurriendo hoy, mientras las autoridades prefieren mirar hacia otro lado.
El tiempo de las excusas se acabó. O el Estado actúa, o la comunidad internacional deberá hacerlo por él.
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