Diputadas de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una iniciativa para reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de establecer protocolos obligatorios de prevención, atención y erradicación de la violencia sexual en el transporte público y privado de pasajeros.
La propuesta, impulsada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla y respaldada por otras legisladoras de su bancada, busca que el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, en coordinación con autoridades y empresas operadoras, implemente medidas concretas para garantizar condiciones seguras, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan mayores riesgos en sus trayectos diarios.
“La movilidad en México se ha convertido en un foco de violencia, y las mujeres son las más afectadas. No podemos seguir permitiendo que viajar sea sinónimo de miedo”, señaló Ballesteros Mancilla.
La reforma plantea modificar los artículos 1, 7 y 11 de la ley para incluir como prioridad una “movilidad libre de violencia”, lo que implicaría la creación de manuales y lineamientos específicos contra el acoso y abuso sexual en camiones, taxis, metro y otros medios de transporte. Además, propone reconocer los servicios privados de movilidad —como aplicaciones de ride-hailing— como una extensión del sistema público, sujetándolos a las mismas regulaciones de seguridad.
Las legisladoras destacaron que, a diferencia de los hombres, las mujeres realizan viajes más complejos debido a roles de cuidado, como llevar hijos a la escuela, hacer compras o atender a familiares, lo que las expone a mayores peligros. Según datos citados en la iniciativa, el 41.1% de las usuarias de transporte público son trabajadoras, el 30.8% estudiantes y el 13.6% se dedica al hogar, siendo las jóvenes las más vulnerables a agresiones.
“El transporte ha sido un espacio dominado por hombres, tanto en su operación como en su diseño. Eso debe cambiar: necesitamos políticas con perspectiva de género que prioricen la seguridad”, afirmó la diputada Anayeli Muñoz Moreno, una de las firmantes.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Movilidad, también subraya la urgencia de incluir a mujeres en la toma de decisiones del sector para que los sistemas de transporte sean más eficientes y seguros. “Estos protocolos no son un lujo, son una necesidad. El derecho a moverse sin violencia debe ser una realidad, no un privilegio”, concluyó Ballesteros Mancilla.
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