En un esfuerzo por garantizar derechos laborales y apoyar a quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad, la diputada María Leonor Noyola Cervantes (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. La propuesta busca que los trabajadores que sean cuidadores primarios de personas con discapacidad permanente o dependencia funcional severa puedan acceder a licencias especiales con goce parcial o total de sueldo.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, plantea que estas licencias permitan atender necesidades médicas, terapias de rehabilitación o cualquier otra situación derivada de la condición de discapacidad del familiar bajo su cuidado. Su duración y renovación dependerán de certificados médicos expedidos por instituciones públicas de salud, así como del cumplimiento de los requisitos que establezcan las autoridades.
Noyola Cervantes argumentó que esta medida no solo es un acto de justicia social, sino también una política pública inteligente: mejora la productividad, reduce el ausentismo laboral injustificado y evita la rotación de personal. Además, se alinea con principios de derechos humanos, equidad laboral y perspectiva de género.
En México, más del 16% de la población vive con alguna discapacidad, muchas veces requiriendo atención constante que supera las posibilidades de los trabajadores bajo el esquema laboral tradicional. Sin embargo, las leyes actuales no contemplan apoyos específicos para estos casos, lo que obliga a muchos cuidadores —en su mayoría mujeres— a abandonar sus empleos o enfrentar graves dificultades económicas.
“El cuidado de personas con discapacidad sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres, forzándolas a elegir entre su sustento y la salud de sus seres queridos”, señaló la diputada. Esta falta de protección, advirtió, perpetúa la desigualdad y deja en situación de vulnerabilidad tanto a los cuidadores como a quienes dependen de ellos.
La iniciativa busca cambiar esta realidad, reconociendo el valor social de los cuidadores y garantizando que puedan atender emergencias sin poner en riesgo su empleo. De aprobarse, México daría un paso clave hacia un sistema laboral más justo e incluyente.
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