San Lázaro se convirtió en el escenario donde el dolor y la lucha de cientos de familias resonaron con un mismo reclamo: ser escuchados antes de que las leyes decidan por ellos.
En el marco del foro “Personas desaparecidas: Lucha por la memoria y la justicia”, organizado por el Grupo Parlamentario del PT, madres, padres y activistas de colectivos de búsqueda de Michoacán, Jalisco, Sinaloa y Nayarit compartieron sus testimonios, evidenciando la desprotección y abandono que enfrentan en su búsqueda incansable.
Con voz entrecortada pero firme, Blanca Liliana Jaimes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, denunció la impunidad y la falta de voluntad del Estado. “Las autoridades nos fallan, nos exponen y, a veces, hasta nos silencian”, afirmó, cuestionando por qué no fueron consultados antes de decisiones como el caso Teuchitlán.
Viridiana Gil, del Colectivo Desaparecidos Michoacán, exigió un diálogo directo con la Presidencia de la República. “No queremos promesas, sino acciones. Si no nos toman en cuenta, las leyes seguirán siendo letra muerta”, advirtió, mientras recordaba cómo los reflectores mediáticos se apagan después de cada hallazgo, como en Tacámbaro o “Los Negritos”, dejando a las familias en el olvido.
Irma Arellanes, del Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, reveló el peligro que enfrentan al denunciar: “Si hablamos, nos matan”. Por eso, demandó que las reformas incluyan a los 95 colectivos del país, porque “sin las víctimas, no hay justicia”.
El diputado José Luis Sánchez (PT) llamó a la sociedad a no permanecer indiferente: “México debe levantarse ante esta tragedia”. Criticó el modelo neoliberal que abandonó a las víctimas y propuso un pacto nacional con “hechos, no discursos”.
Mientras los testimonios seguían, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿Cuántas fosas más deben abrirse para que el Estado actúe? La respuesta, por ahora, sigue enterrada en la indiferencia.
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