Ciudad de México. — La libertad de expresión podría estar en peligro si se aprueba la propuesta de Ley de Telecomunicaciones que actualmente se discute en el Senado, advirtió el diputado federal Víctor Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) alertó que, aunque el dictamen aborda temas relevantes como la ampliación de infraestructura y el soterramiento del cableado, también incluye disposiciones que implican un riesgo de control y censura sobre las plataformas digitales.
“El fondo del asunto, y en lo que como bancada queremos hacer énfasis, es en la intención de control y censura que pretende esta propuesta de ley. Ahí radica verdaderamente el problema. Este dictamen no es solo técnico o administrativo; es una amenaza directa a los derechos fundamentales, especialmente al derecho a la libertad de expresión”, señaló Pérez Díaz.
El diputado subrayó que el proyecto contraviene el Artículo 6º de la Constitución Mexicana, el cual garantiza el derecho de todas las personas a acceder libremente a la información y expresarse sin miedo a represalias.
Según el legislador, la iniciativa contempla mecanismos de supervisión sobre contenidos y plataformas, sin ofrecer garantías reales que salvaguarden el ejercicio libre de expresión. “Al contrario, lo que se propone es una estrategia para intervenir en la comunicación pública, bajo el argumento de proteger a las audiencias, cuando en realidad se busca condicionar el discurso y los temas que pueden o no tratarse”, advirtió.
Uno de los puntos más polémicos del dictamen es la creación de un organismo regulador que, de acuerdo con la oposición, funcionaría como una “agencia de control y censura”, facultada para decidir qué contenidos son aceptables, lo que representa un atentado contra los principios democráticos.
“Y ya que el próximo lunes, como Cámara revisora, estaremos abordando esta propuesta, queremos dejarlo muy claro como Grupo Parlamentario: no vamos a avalar una ley que atente contra las libertades fundamentales. México necesita una legislación moderna, garante de derechos, promotora de inversión, pero sobre todo, respetuosa de la dignidad humana y de los principios democráticos”, concluyó.
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