Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este viernes los asesinatos de una mujer y su hijo, ambos integrantes de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, que a principios de marzo había encontrado restos humanos en un predio usado por narcotraficantes.
“Es un hecho muy lamentable. Nuestra solidaridad está con todos los familiares de personas desaparecidas y en particular con los allegados a este trágico acontecimiento”, dijo la gobernante durante su conferencia de prensa diaria.
La mujer asesinada, María del Carmen Morales, de 46 años, y su hijo, Jaime Daniel Ramírez, de 26, buscaban al otro hijo de Morales, Ernesto Julián, de 19 años, desaparecido a principios de 2024 en Las Villas de Tlajomulco, estado de Jalisco (centro).
La organización de familiares de desaparecidos a la que pertenecían los dos fallecidos encontró, a principios de marzo, restos humanos, ropa y decenas de pares de zapatos en una finca rural abandonada llamada Rancho Izaguirre, en el municipio jalisciense de Teuchitlán, a unos 60 kilómetros de Guadalajara.
El lugar, un sitio donde el Cartel Jalisco Nueva Generación llevaba a cabo reclutamientos forzados, había sido abandonado en septiembre de 2024 luego de que policías y fiscales de Jalisco realizaran un allanamiento.
Raúl Servín, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, dijo a la prensa local que el doble homicidio fue perpetrado por tres hombres encapuchados que viajaban a bordo de una motocicleta.
Servin recordó además que Morales y su hijo de 26 años fueron asesinados en la misma zona de Guadalajara en la que desapareció su otro hijo en 2024.
INVESTIGAR A FONDO
La oficina gubernamental de Derechos Humanos está en comunicación con la familia de Morales “para brindarles todo el apoyo que necesiten”, dijo Sheimbaum en su alocución.
La jefa de Estado añadió que el doble homicidio “se tiene que investigar a fondo”, advirtiendo que es probable que tenga relación con la labor de Morales como buscadora.
La organización de búsqueda se dirigió el jueves a la presidenta a través de un comunicado para pedirle una investigación inmediata y exhaustiva que encuentre a los responsables.
También exigieron que Sheimbaum “ejerza presión sobre el estado de Jalisco, para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias”.
“Recibimos una carta donde nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia y por supuesto vamos a estar atentos, se debe investigar realmente a fondo lo que ocurrió”, respondió la mandataria.
Respecto a los hallazgos en el Rancho Izaguirre, las autoridades federales asumieron el caso que había comenzado a investigar la fiscalía local con deficiencias, y se esperan los resultados de los peritajes forenses de identificación genética sobre los restos calcinados.
Una investigación del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés), iniciada a fines de abril, indicó que hay “indicios fundamentados” de que las desapariciones ocurren de manera “sistemática” en México.
El informe fue recibido con optimismo por las familias de las víctimas, pero fue rechazado por el Gobierno y el oficialismo en el Senado.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el país latinoamericano hay casi 125.000 personas en esa condición desde la década de 1960 hasta marzo pasado.
Sin embargo, el 88 por ciento del total de los reportes de desaparición se han realizado entre 2006 -cuando el Gobierno de México declaró la llamada guerra contra el narcotráfico-, hasta la actualidad.
En 2023, las desapariciones aumentaron a 10.283, y 2024 cerró como el año con mayor número de desapariciones, al registrar 13.627, es decir, un incremento de más del 30 por ciento, según cifras oficiales del registro oficial. (Sputnik)
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