Un total de 311 casos comprobados de violaciones a derechos humanos contra menores de edad -incluyendo muertes por negligencia, violencia sexual en albergues y detenciones ilegales- fueron documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) entre 2020 y abril de 2025, según reveló un informe presentado en el marco del Día del Niño.
El documento, que analiza 859 quejas recibidas en este periodo, expone que las principales autoridades señaladas son la Secretaría de Educación (431 casos), la Fiscalía General de Justicia (144) y la Secretaría de Seguridad (122). Los datos reflejan un patrón de violencia institucional que afecta especialmente a menores migrantes y con discapacidad.
“Estamos frente a una crisis silenciosa que requiere acción inmediata”, advirtió Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL. “Casos como muertes infantiles por negligencia médica o abusos en centros de resguardo no pueden seguir repitiéndose”.
Entre las violaciones más recurrentes destacan:
- 422 casos de obstaculización al interés superior del niño
- 381 por negligencia en la protección de su integridad física
- 198 denuncias por restricción al derecho a la educación
El informe detalla situaciones particularmente graves, como el uso excesivo de la fuerza contra adolescentes, omisiones en la búsqueda de menores desaparecidos y fallas sistemáticas en la protección de niños migrantes provenientes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La CEDHNL emitió 15 recomendaciones formales por los casos más graves, entre los que se incluyen:
- Fallecimientos de menores por mala atención médica
- Abusos sexuales en instituciones de cuidado
- Detenciones arbitrarias de adolescentes
“Este diagnóstico debe convertirse en hoja de ruta para las autoridades”, insistió Méndez Arellano, quien hizo un llamado urgente a reforzar la capacitación de funcionarios y a implementar protocolos específicos para la protección infantil.
El organismo puso a disposición del público el informe completo en su portal web, con el objetivo de que sirva como herramienta para organizaciones civiles, medios de comunicación y autoridades comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia.
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