La diputada priista Armida Serrato encendió las alertas sobre el manejo de los recursos destinados a reforestación en Nuevo León, al solicitar una auditoría especial al programa “Bosques Ciudadanos” y presentar una iniciativa para evitar que asociaciones civiles administren compensaciones ambientales de empresas.
En conferencia de prensa, la legisladora acusó opacidad en el uso de 300 millones de pesos destinados a plantar árboles, señalando que las cifras oficiales —que reportan solo 5 mil árboles sembrados— no cuadran con los recursos ejercidos. “Hay una grave discrepancia entre lo prometido y lo ejecutado”, afirmó.
El foco de la controversia está en un contrato firmado durante la actual administración con la asociación Reforestación Extrema. Serrato exigió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) revisar este convenio y denunciar posibles irregularidades: “No es posible que ni el actual secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, pueda explicar claramente cómo se están aplicando estos recursos”.
La iniciativa presentada busca reformar la Ley Ambiental para que las empresas cumplan sus obligaciones de remediación directamente, sin intermediarios. “Que los desarrolladores planten sus propios árboles y decidan a quién comprarlos, pero con supervisión estatal”, explicó la diputada.
La petición de auditoría llega en medio de señalamientos sobre presunta confusión deliberada entre dos programas distintos: el compromiso gubernamental de sembrar un millón de árboles y las compensaciones ambientales que por ley deben realizar las empresas privadas. “Están mezclando cifras para maquillar resultados”, acusó Serrato.
Mientras la ASE analiza la solicitud, el caso expone un nuevo frente de controversia para la administración de Samuel García, ahora en el ámbito ambiental. Las dudas persisten: ¿Dónde están realmente los árboles? ¿Quién controla los recursos? La ciudadanía espera respuestas claras.
