
El derrame de químicos de Ternium en el arroyo La Talaverna ha encendido las alarmas en Nuevo León. Carlos de la Fuente Flores, coordinador de los diputados locales del PAN, exigió sanciones económicas ejemplares contra la empresa y un plan de contingencia inmediato para atender la contaminación que afecta a 40 colonias aledañas, señalando que el problema no se solucionó con las lluvias recientes sino que solo se dispersó, advirtiendo que estos químicos terminan en presas y afectan todo el sistema hídrico de la región.
El legislador acusó a las autoridades federales y estatales de actuar con pasividad ante el caso, revelando que la torre de monitoreo de la UANL registra mala calidad del aire más de 200 días al año, situación que atribuye directamente a las emisiones de Ternium. Aunque reconoció que la empresa ha realizado inversiones para reducir su impacto ambiental, sostuvo que siguen siendo una empresa altamente contaminante por la naturaleza de sus procesos industriales.
Vecinos de las zonas afectadas han reportado graves molestias por la contaminación generada en la planta de Ternium ubicada en Churubusco y Ruiz Cortines, mientras el PAN advierte que este no es un incidente aislado sino parte de un patrón recurrente de afectaciones ambientales. De la Fuente Flores hizo un llamado para establecer una sanción económica pública y ejemplar para Ternium, junto con un plan de remediación ambiental para el arroyo contaminado y mayores facultades de supervisión estatal sobre empresas de jurisdicción federal.
El legislador criticó el actual sistema de supervisiones ambientales, donde empresas como Ternium -bajo jurisdicción federal- escapan al control estatal, mientras organismos como la PROFEPA y SEMARNAT carecen del personal necesario para realizar monitoreos constantes. Paralelamente, anunció que solicitarán una auditoría especial al programa de reforestación del gobierno estatal, ante las múltiples dudas que han surgido sobre su implementación y resultados.
Mientras las autoridades deciden su curso de acción, habitantes de las colonias afectadas continúan exigiendo medidas concretas para garantizar que no se repitan estos incidentes, reavivando el debate sobre el balance entre desarrollo industrial y protección ambiental en la zona metropolitana de Monterrey, donde los casos de contaminación industrial siguen generando tensiones entre empresas, autoridades y comunidades.
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