En un esfuerzo por erradicar la discriminación en centros de consumo como bares, antros y restaurantes, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una propuesta de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a la Ley para la Prevención y el Combate del Abuso del Alcohol y la Regulación para su Venta y Consumo en el estado de Nuevo León.
Elizondo denunció que en Nuevo León persisten actitudes discriminatorias motivadas por el clasismo, racismo y estereotipos físicos, las cuales se presentan con regularidad en establecimientos donde el acceso se decide con base en la apariencia y no en el poder adquisitivo.
“Lamentablemente, no es un secreto que en Monterrey aún predomina la discriminación, ya sea por el color de piel, las preferencias sexuales o la apariencia física, lo cual es muy grave”, señaló.
Asimismo, la propuesta contempla sanciones más severas para quienes incurran en estas prácticas, incluyendo multas, clausuras y penas de hasta un año de cárcel en casos reincidentes. También permitiría a la Comisión Estatal de Derechos Humanos actuar con mayor firmeza en este tipo de situaciones.
Además, el legislador indicó que se busca prohibir la figura del “cadenero”, comúnmente utilizada como un filtro de acceso que disfraza prácticas discriminatorias bajo el pretexto de seguridad. Afirmó que, en muchos establecimientos, discriminar es un negocio.
Inspirado en legislaciones de países como Colombia y España, así como en experiencias locales como las de Jalisco, Elizondo subrayó la importancia de crear conciencia social para desalentar el consumo en lugares donde se discrimina. Relató incluso una experiencia personal en San Diego, California, donde una persona en situación de calle fue atendida sin impedimentos gracias a leyes más estrictas contra la discriminación.
Por otra parte, el diputado cuestionó la intención del gobierno estatal de contraer una nueva deuda por 10,500 millones de pesos, advirtiendo que cualquier financiamiento debe manejarse con responsabilidad y transparencia. Subrayó que el Congreso tiene la obligación de auditar y vigilar el gasto público.
Finalmente, señaló que se debe replantear la integración de los consejos ciudadanos en temas clave como la movilidad, para evitar decisiones impopulares sin representatividad social.
Por: Diego Ovalle – eitmedia.mx
