La diputada Rocío Maybe Montalvo Adame, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, solicitó al Gobierno Federal transparentar información sobre los pozos de extracción de gas shale mediante fractura hidráulica (fracking), ante la sospecha de que esta técnica estaría provocando el incremento de sismos en la entidad.
Nuevo León, históricamente considerado una zona de baja actividad sísmica, registró apenas 12 movimientos telúricos entre 1900 y 2010. Sin embargo, de 2011 a 2023 se reportaron más de 150, incluyendo 15 con magnitudes superiores a 4.0 grados. “Este aumento coincide con la extracción de hidrocarburos no convencionales mediante fracking, especialmente en Sabinas Hidalgo, García y Mina. La relación entre esta técnica y los sismos inducidos está ampliamente documentada”, señaló Montalvo.
El fracking consiste en perforaciones verticales de hasta 3 kilómetros de profundidad, seguidas de perforaciones horizontales en la roca que contiene el gas shale. “Para liberar el gas, se inyecta agua, arena y más de 600 sustancias químicas a alta presión, fracturando el subsuelo. Esto se ha vinculado directamente con sismos en otras regiones del mundo”, explicó la legisladora.
En Nuevo León, la falta de datos precisos sobre la ubicación de los pozos dificulta determinar su relación con los sismos. Por ejemplo, el temblor de 4.1 grados en Pesquería (19 de marzo de 2023) ocurrió a menos de 15 km de tres pozos activos, mientras que el de 4.2 en García (8 de junio de 2024) se registró a 12 km de zonas con fracking. Además, 8 de los 12 sismos de 2024 sucedieron dentro de los 15 días posteriores a reportes de actividad intensiva en pozos, según monitoreos ciudadanos.
Más allá de los sismos, Montalvo advirtió sobre otros impactos: cada pozo consume entre 9 y 29 millones de litros de agua —recurso escaso en la entidad— y genera aguas residuales que contaminan mantos freáticos. “Exhortamos al Gobierno Federal a prohibir el fracking, como se prometió antes, y a transparentar permisos, ubicaciones, riesgos e infracciones de estos pozos”, concluyó.
El llamado está dirigido a la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos.
