Ciudad de México.- La periodista Adela Navarro, directora general del semanario ZETA, con sede en la ciudad mexicana de Tijuana (Baja California, noroeste), recibió amenazas en fecha reciente, ante lo cual la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 exigió a las autoridades protección.
“La periodista ha recibido ocho llamadas telefónicas con amenazas entre el 29 de abril y el 16 de mayo de 2025”, dice un pronunciamiento de la oficina regional para México y Centroamérica de la organización internacional.
Ese semanario es reconocido por realizar desde hace décadas coberturas sobre temas de narcotráfico, corrupción, política y crimen organizado.
En todas las comunicaciones, una voz masculina repite el mismo mensaje: “Dile a Adela Navarro que se cuide”, para luego colgar de inmediato, detalla una alerta publicada la tarde del miércoles .
Los mensajes han sido dirigidos tanto a líneas antiguas como al conmutador principal del semanario, que no cuenta con identificador de llamadas, lo cual ha dificultado conocer su origen.
TESTIMONIO Y EXIGENCIA
De acuerdo con el testimonio de la periodista publicado por la organización que lleva el nombre del artículo dedicado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las primeras llamadas se escuchaba un eco notable, como si el interlocutor se encontrara en una habitación vacía.
En las llamadas más recientes, el sonido de fondo sugería que se realizaban desde un entorno abierto, posiblemente en movimiento, con ruido de viento similar al de una motocicleta.
“Esto pudiera también implicar llamadas desde orígenes o individuos múltiples”, agrega la denuncia.
Las amenazas comenzaron tras la publicación de una investigación sobre el ocultamiento de información por parte de la Fiscalía General de Baja California en torno a una “narcofosa” con restos humanos, presuntamente ligada al crimen organizado.
Las llamadas se han intensificado luego de revelaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos de corrupción en el gobierno estatal.
Artículo 19 exige a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión “iniciar de forma urgente una investigación diligente, imparcial y con enfoque de género que permita identificar a los responsables”.
También exige que ese mecanismo federal otorgue medidas de protección inmediatas para Navarro y el equipo de Semanario ZETA, “considerando el patrón reiterado de amenazas y la naturaleza de sus investigaciones”.
Entre otras publicaciones recientes del semanario ZETA se encuentra un reportaje sobre la revocación de visas estadounidenses a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres.
Navarro informó estos hechos a la secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, sin que hasta la fecha se haya iniciado una investigación o se haya proporcionado respuesta efectiva.
“La falta de acción institucional incrementa el riesgo para la periodista y su equipo, quienes continúan publicando información de alto interés público” denuncia .
A lo largo de 2024, Artículo 19 documentó un total de 90 amenazas contra periodistas en México, de las cuales, la mayoría estuvieron orientadas a comprometer la integridad de las personas afectadas, incluyendo explícitamente amenazas de muerte.
De acuerdo con la declaración interamericana de Principios sobre Libertad de Expresión “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”.
Asimismo, la relatora especial para la Libertad de Expresión ha señalado que estas acciones provocan un “efecto de autocensura” que obstaculiza el ejercicio periodístico y pone en riesgo el derecho de la ciudadanía a obtener información e ideas de cualquier tipo. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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