Como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el delito de despojo de inmuebles en la entidad, el diputado Javier Caballero Gaona, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, anunció que se preparan reformas al Código Penal de Nuevo León con el objetivo de endurecer las sanciones y evitar vacíos legales que faciliten este tipo de ilícitos.
El anuncio se dio tras una mesa de trabajo en la que participaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado, incluyendo al Fiscal General Javier Flores Saldívar, así como los vicefiscales Luis Enrique Orozco y Alejandro Carlín Balboa. También acudieron coordinadores de las distintas bancadas legislativas.
“Estamos dialogando con los coordinadores para estructurar una reforma bien planteada, sin errores, que realmente permita actuar con contundencia contra el despojo de inmuebles, un delito que se ha vuelto cada vez más dinámico”, expresó Caballero Gaona.
El legislador priista aseguró que se dará seguimiento puntual a esta agenda, pues la forma en que operan quienes cometen este delito ha evolucionado, lo que obliga a una respuesta legislativa y judicial más eficaz.
A la reunión acudieron los líderes legislativos de las distintas fracciones parlamentarias: Heriberto Treviño (PRI), Carlos de la Fuente (PAN), Perla Villarreal (PRD), Miguel Flores (MC), Mario Soto (Morena), Claudia Chapa (PVEM), Guadalupe Rodríguez (PT), así como la diputada Itzel Castillo, quienes se comprometieron a impulsar un plan común en favor de los afectados.
Por su parte, el fiscal Javier Flores reveló que se ha detectado la operación de grupos delictivos especializados en despojos, y que aunque algunos casos se resuelven por la vía de acuerdos reparatorios, la incidencia ha aumentado ligeramente en el último año.
“La coordinación institucional es clave. Hay que orientar a las víctimas y brindarles herramientas legales efectivas para que sus derechos sean restituidos”, señaló el Fiscal General.
Las reformas serán presentadas en próximos días como parte de una estrategia integral entre el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial para frenar esta problemática que afecta tanto a personas como a empresas en Nuevo León.
Por: Michelle Cabrera-eitmedia.mx
