Víctor Flores García
Ciudad de México.- México se convertirá el domingo próximo en el primer país del mundo en elegir por voto popular todas sus cortes federales, producto de una reforma constitucional de finales de 2024, que incluye a la Suprema Corte y más de 850 cargos del Poder Judicial.
“La elección de jueces, magistrados, ministros, ministras de la Suprema Corte es inédita, justamente porque es el único país del mundo en el que se realiza una elección de esta naturaleza”, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la doctora en derecho Sandra Serrano.
La especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que sólo en Bolivia se realiza la elección popular de las altas cortes, pero no de toda su estructura judicial.
En cambio, en EEUU se eligen ciertos jueces cercanos a “decisiones sencillas o de menor cuantía”, pero no el resto del aparato judicial, y menos la Suprema Corte, explica la académica posgraduada en Derecho Internacional y Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra.
ELECCIONES Y DEMOCRACIA
Serrano indica que, en general, las elecciones son herramientas de un modelo democrático que tiene como objetivo buscar la representación política, en un modelo de democracia representativa.
“El problema de una elección del Poder Judicial es que los jueces y magistrados elegidos no van a poder representar los intereses del grupo que los elige”, advierte la investigadora.
Las autoridades judiciales tienen la obligación de cumplir un proceso de impartición de justicia, con base en normativas, precedentes, derechos humanos, de origen nacional e internacional.
El voto popular es una de las herramientas de la democracia, pero no es toda la democracia, aclara.
“En muchos casos debemos de considerar que la democracia en realidad comienza después del voto”, argumenta.
Como consecuencia, define, los mecanismos de rendición de cuentas, de protección de los derechos humanos, y muchas otras herramientas de contrapesos “son lo que hacen verdaderamente democráticos” los sistemas políticos”.
A diferencia de las personas juzgadoras, los diputados y senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes sí representan a una parcialidad de la población: los partidos políticos.
La académica subraya que “hay electores buscan una representación de sus aspiraciones, pero las autoridades judiciales no van a poder representar intereses del grupo que los elige”.
Las autoridades judiciales tienen la obligación de cumplir un proceso de impartición de justicia independiente.
Por lo tanto, “la función primordial de las personas juzgadoras no es representar los intereses de su base de votos”, enfatiza Serrano.
ARGUMENTOS DEMOCRÁTICOS
Si las personas acuden a las urnas con la idea de que quienes elijan como ministras y magistradas van a representar sus intereses, “lo que perdemos con esa expectativa es la independencia y la imparcialidad judicial”.
Esa distorsión en el uso del voto “es de la mayor gravedad, es un retroceso para el Estado de Derecho y el régimen democrático mismo”.
Con ese enfoque, se espera que el Poder Judicial “decida de conformidad con lo que su base de votantes le pide que haga, lo cual rompe la idea misma de independencia judicial”.
Esa interpretación conduce a esperar que la nueva autoridad judicial elegida no va a decidir conforme a lo que dictan las leyes, los derechos, y la justicia.
MUCHA COMPLEJIDAD
Karina Ansolabehere, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, experta en política jurídica y derechos humanos, coincide en la singularidad de las elecciones judiciales federales.
Por primera vez en el mundo, todos los niveles del Poder Judicial se elegirán, la primera mitad en 2025 y la segunda en 2027.
La experta con 25 años de investigación académica de los poderes judiciales y la relación entre justicia y política, explica en qué consiste el experimento en el que se embarcó México.
“Lo que es inédito es que todas las instancias del Poder Judicial federal se elijan por esta vía, en sus tres niveles”, apunta Ansolabehere.
En un primer lugar, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia; segundo tribunales colegiados de circuito, que son una especie de corte de apelación.
En tercer lugar, serán elegidos juzgados de distrito, es decir jueces unipersonales en diferentes materias: penal, civil, laboral, familiar, administrativa.
“Por ejemplo, en mi jurisdicción tendría que decidir en todas las instancias entre 128 candidatos y candidatas, discernir para los diferentes niveles a quién quiero votar y para qué materia”, explica la autora de diversos ensayos.
Esa selección implica un conocimiento y un trabajo muy complejo para el electorado.
“El problema es que son materias de alta complejidad, algunas muy especializadas, como la competencia económica, o si se hace a conciencia para un juez penal para el distrito, saber si tiene las calificaciones necesarias”, prosigue la investigadora.
CARRERA CONTRA EL RELOJ
“La organización contrarreloj es otra característica que hace inédito el proceso, por los breves tiempos que se impusieron para realizar una elección de tal importancia y magnitud para el futuro de la justicia del país”, prosigue la analista.
La reforma se aprobó en septiembre y las elecciones se celebran ocho meses después, en un tiempo muy breve que ha complicado la logística electoral.
Considera que “es una irresponsabilidad imponer los tiempos innecesariamente acelerados, insuficientes para el aprendizaje y posibles errores”.
Sobre el debate en torno a la independencia judicial, estima que “la elección puede ser objeto de una estrategia de control político del sistema judicial”.
Sin embargo, advierte que toda forma de designación de jueces y ministros supone criterios de relación entre el derecho, la justicia y la política.
En efecto, hasta antes de esta reforma las magistraturas de la Suprema Corte de Justicia eran propuestos por la Presidencia de la República en una terna, que era aprobada o no por el Senado, en una negociación con todos los partidos representados.
Detalla que ese método también implicaba una “decisión política en la postulación y selección mediante una negociación”, y que después el Consejo de la Judicatura realizaba exámenes abiertos o concursos cerrados en la carrera judicial.
“Todo tiene un sesgo, no hay un método perfecto, algunos tienen ventajas y otros desventajas”, aclara.
Como paradoja, observa que el control político va a ser mucho más descentralizado y traería problemas para el ejercicio de justicia.
PODERES FÁCTICOS
Ansolabehere advierte riesgos de la interferencia de poderes fácticos, económicos o del crimen organizado.
“Los poderes fácticos pueden estar interesados en que un juez penal, administrativo, laboral o de comunicaciones sea cercano a sus intereses”, alerta.
Otros problemas asoman en la implementación del nuevo Poder Judicial elegido, además de la tradicional cooptación política.
“Con este experimento, del cual no hay otro antecedente en el mundo, múltiples problemas utilizarán diversas puertas de entrada para incidir en las decisiones judiciales”, puntualiza.
Al amanecer del 2 de junio, México comenzará la nueva aventura de un poder judicial sin precedentes en la historia mundial. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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