Ciudad de México – La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) calificó como opaco y con baja participación el inédito proceso electoral del pasado 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros, advirtiendo que este modelo no debe repetirse por sus fallas estructurales y riesgos para la democracia.
Desde el anuncio de la reforma judicial en febrero de 2024 y su aprobación en septiembre del mismo año, la organización empresarial alertó que el mecanismo no atendía las necesidades reales del sistema de justicia. Tras observar la jornada, confirmaron irregularidades como retrasos en la instalación de casillas, compra de votos, uso de “acordeones” para inducir el sufragio y violencia en algunos municipios, además de una escasa participación ciudadana.
“Esta elección no nació de una exigencia social, sino de una imposición política mal ejecutada”, señaló COPARMEX. El organismo documentó más de mil incidentes que, a su juicio, comprometen la legitimidad del proceso y evidencian la falta de garantías para un voto libre y razonado.
La confederación rechazó que el modelo pueda usarse como precedente para futuros comicios, especialmente si se repiten condiciones como el recorte presupuestal, la reducción de casillas y los plazos ajustados para su organización. “Lo que debía ser una transformación hacia un Poder Judicial más fuerte se convirtió en un proceso que prioriza el control político sobre la autonomía y la meritocracia”, afirmó.
COPARMEX advirtió que un sistema que designa jueces sin transparencia ni evaluación de capacidades está condenado al fracaso, pues la justicia “no puede reducirse a un ejercicio de popularidad”. Subrayó que la falta de confianza en las instituciones ya tiene consecuencias, como el aumento de empresas que recurren a tribunales internacionales, dejando en desventaja a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.
Anuncian propuesta alternativa
Frente a este escenario, la organización anunció que trabajará en una reforma judicial basada en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos y sectores productivos. “No nos quedaremos en la denuncia; presentaremos una alternativa que garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia”, aseguró.
Además, se mantendrán como observadores del nuevo modelo, evaluando su operación y emitiendo informes independientes. “Sin un Poder Judicial autónomo y eficiente, no habrá inversión, seguridad jurídica ni futuro para México”, concluyó.
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