
Ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de desechar la demanda presentada por México contra los fabricantes de armas de aquel país, el diputado Rubén Moreira Valdez hizo un llamado urgente al Gobierno Federal para que asuma su responsabilidad y enfrente con acciones concretas el tráfico ilegal de armas.
“El gobierno mexicano debe levantar la voz en términos de que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, debe hacer todo lo posible para que el armamento norteamericano no entre a nuestro país”, declaró Moreira durante una conferencia virtual. Subrayó que esta problemática es responsabilidad directa de las autoridades mexicanas y que, si bien es un fenómeno transnacional, persiste una inacción interna que permite su avance.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados advirtió que la revisión próxima del T-MEC debe ser aprovechada para proponer un gran acuerdo de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá, con el fin de garantizar una cooperación efectiva también en esta materia. Consideró que el revés judicial en EU pone en evidencia la fallida estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al intentar trasladar la responsabilidad de la seguridad nacional a tribunales extranjeros.
Moreira también criticó duramente el desempeño de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al considerar que su actual conducción carece de fuerza e influencia. “Estas situaciones también obedecen a la incapacidad que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, nulificada por un canciller que es un ‘cero a la izquierda’”, afirmó.
Llamó a Morena a dejar de culpar al pasado y asumir su papel ante la entrada de armas ilegales, la cual —dijo— ocurre principalmente por los cruces fronterizos, ante la falta de revisión y fallas en los sistemas de inteligencia. “Si hoy entran armas a México ilegales es porque las fronteras son porosas y la mayor parte de esas armas está entrando por los puentes fronterizos, por los cruces fronterizos”, aseveró.
Sobre la elección judicial del 1 de junio, Moreira fue enfático: en una democracia no se debilita al Poder Judicial, se le fortalece. Cuestionó la legitimidad del llamado “Plan C” al señalar que la baja participación ciudadana refleja un rechazo a esa narrativa. “Ellos se quedaron con el Congreso a la mala para demoler al Poder Judicial, pero no tienen el respaldo popular, no lo tienen y eso lo tienen que reflexionar”, afirmó.
Puso en duda los datos oficiales de participación, sugiriendo una posible manipulación. “No fue a la urna el 13 por ciento, fue poco menos y de los que fueron, una buena parte anuló las boletas y otra buena parte fue no votar dejando espacios vacíos”, señaló. Consideró que debe investigarse el comportamiento del voto nulo y anunció que el PRI ya trabaja en los recursos legales para impugnar los resultados.
También denunció irregularidades como el uso de “acordeones”, acarreo de votantes, baja participación y la constante intervención de autoridades federales y estatales. “Queda claro que las violaciones a la ley fueron generalizadas el día de la jornada”, indicó, al tiempo que pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no validar lo que calificó como un “cochinero electoral”.
En relación con los comicios locales en Veracruz y Durango, afirmó que Morena perdió terreno, especialmente en esta última entidad, y criticó a su dirigencia por intentar justificar los resultados. Además, denunció presiones sobre el gobernador de Durango y cuestionó la presencia del Ejército y la Guardia Nacional durante el proceso electoral.
Finalmente, adelantó que sí habrá un periodo extraordinario de sesiones, por lo menos para resolver la reforma constitucional relacionada con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para aprobar una nueva ley en materia de telecomunicaciones vinculada a la seguridad del país.
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