Trump busca “liberar” Los Ángeles y el INE encierra los votos
Mientras en Los Ángeles la tensión crece entre despliegues militares y protestas, en México el eco de una elección cuestionada se apaga sin respuesta. Dos escenarios que, aunque distantes en geografía, comparten una misma raíz: la fractura institucional y el uso del poder para imponer decisiones sin escuchar a quienes exigen justicia.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha vuelto a recurrir a la narrativa de la “invasión” para justificar el envío de más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional a las calles de Los Ángeles. La orden fue clara: “Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”. Así lo afirmó al anunciar lo que llamó una operación para liberar a una ciudad que, según él, ha sido “ocupada por inmigrantes indocumentados y criminales”.
Bajo ese discurso de mano dura, las protestas contra las redadas migratorias han sido respondidas con presencia militar, dejando poco espacio para el diálogo. Sin embargo, la reacción desde México no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que quienes han emigrado “son hombres y mujeres de bien, honestos, que se fueron a Estados Unidos para buscar una mejor vida para ellos y para sus familias”. Además, aseguró que su gobierno ya está en contacto con los 35 connacionales detenidos durante estos operativos a través de la red consular.
El lenguaje con el que se construyen los discursos de ambos gobiernos revela mucho más que una diferencia de enfoques. En el norte, se criminaliza al migrante. En el sur, se le reivindica, al menos en lo declarativo. Pero en ambos lados, la población se pregunta si las instituciones realmente están cumpliendo con su responsabilidad de proteger los derechos fundamentales.
Mientras tanto, en México, otro foco de tensión ha pasado casi desapercibido: el rechazo del Instituto Nacional Electoral (INE) a recontar los votos en las recientes elecciones extraordinarias para ministros de la Suprema Corte y jueces de distrito. Tres candidatas —Dora Alicia Martínez Valero, Melissa Peláez Badilla y Yajaira Arellano Morales— pidieron un nuevo cómputo y representación en el proceso, pero el Consejo General del INE desestimó sus solicitudes sin mayor discusión, argumentando que no existe tal figura legal para este tipo de elección.
El INE, que asegura haber computado el 100% de las actas, no ofreció una explicación detallada ni abrió la puerta a una revisión transparente, lo que ha dejado dudas sobre la legitimidad de un proceso que debería haber sido ejemplar. El silencio y la negación de una revisión técnica alimentan la percepción de opacidad, precisamente en un momento en el que la sociedad exige mayor apertura en las decisiones de poder.
Ambos episodios, uno en las calles de Los Ángeles y otro en los despachos del INE, reflejan una misma realidad: el uso del aparato institucional para cerrar el paso a las voces disidentes. Ya sea justificando la represión con discursos de seguridad o desestimando la inconformidad electoral con tecnicismos legales, se impone una lógica de autoridad que se aleja de los principios democráticos.
La historia demuestra que el orden impuesto por la fuerza o el silencio nunca es duradero. Los gobiernos que aspiren a ser legítimos deberán responder no con despliegues, sino con diálogo; no con negaciones, sino con transparencia. Porque al final, no se trata solo de contar votos ni de contener protestas, sino de demostrar que, frente al poder, la voluntad ciudadana sigue teniendo la última palabra.
