Frente a la creciente degradación ambiental que afecta a Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos lanzó una contundente advertencia: la contaminación no solo compromete el entorno, sino que vulnera directamente los derechos fundamentales de la población. Así lo expresó la presidenta del organismo, Susana Méndez Arellano, durante una jornada de reflexión organizada para abordar los desafíos del derecho a un medio ambiente sano.
“El medio ambiente no es un lujo: es una condición previa para el ejercicio de otros derechos como la salud, la educación o una vida digna”, enfatizó Méndez Arellano. En su intervención, alertó sobre la crisis que viven más de cinco millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey, quienes están expuestos de forma crónica a sustancias químicas tóxicas a causa de los altos niveles de contaminación atmosférica.
Como parte del encuentro, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, ofreció una conferencia magistral en la que denunció las omisiones de las autoridades y la falta de cumplimiento de la normatividad vigente. “Todas nuestras normas ambientales son letra muerta. Nadie cumple, ni en emisiones, ni en agua, ni en residuos. Ni a nivel federal ni local”, afirmó el especialista, con más de tres décadas de experiencia en la defensa del entorno.
Durante su ponencia, Álvarez Flores también detalló las graves consecuencias de la exposición al plomo en la niñez y cuestionó la inacción ante fuentes contaminantes como pedreras, refinerías, cementeras, rellenos sanitarios, quema de pastizales y el parque vehicular. Además, criticó la falta de un programa obligatorio de verificación vehicular en el estado, a pesar de que este está previsto en la ley.
La presidenta de la CEDHNL recordó que municipios como Cadereyta y García enfrentan condiciones críticas que ya no pueden ignorarse. “No se trata de una amenaza futura, sino de una crisis presente que vulnera ya los derechos de miles de personas”, advirtió.
El organismo estatal subrayó su compromiso de continuar impulsando acciones legales, sociales e institucionales que garanticen el derecho a un entorno sano, y llamó a las autoridades, empresas y ciudadanía a asumir su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente.
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