A casi cuatro años de la quiebra de Accendo Banco y a más de un año de haber recibido su constancia como presidente municipal para el periodo 2025-2027, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, continúa sin rendir cuentas claras sobre el destino de más de 300 millones de pesos del erario municipal.
Durante su primera gestión al frente del ayuntamiento, entre 2018 y 2021, Pérez Cruz autorizó una inversión de 315 millones 648 mil pesos en dicha institución financiera. Esta operación se llevó a cabo poco antes de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retirara la licencia a Accendo Banco, tras detectarse malas prácticas administrativas, según dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los fondos invertidos provenían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recurso que, conforme a la normativa federal, debía aplicarse de forma inmediata. Sin embargo, esto no ocurrió, y tras la quiebra de Accendo, el dinero quedó en el limbo.
“Hasta ahora, no hay información oficial sobre qué ha hecho la administración municipal para recuperar ese dinero”, señalan versiones al interior del cabildo. Tampoco se ha dado a conocer si el gobierno local ha presentado gestiones formales ante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), instancia encargada de atender este tipo de pérdidas.
El caso de Tlalnepantla no es único. Junto con Naucalpan y el Gobierno del Estado de México, forma parte de los entes públicos que en total tenían invertidos más de 429 millones de pesos en la fallida institución bancaria. A la fecha, únicamente los pequeños ahorradores han podido recuperar sus fondos, gracias al respaldo del IPAB, pero ese beneficio solo aplicó a quienes tenían hasta 400 mil UDIS en sus cuentas —equivalentes a poco más de 2.7 millones de pesos— hasta el 28 de septiembre de 2021.
La administración actual, encabezada nuevamente por Pérez Cruz y vinculada a Morena, no ha hecho público un informe detallado que precise si estos recursos ya se dan por perdidos o si existen acciones jurídicas en curso para su recuperación. El silencio ha predominado en torno a este tema, a pesar del evidente daño al erario y la obligación de transparencia que exige la ciudadanía.
