Organizaciones civiles lanzaron un llamado urgente al municipio de Santa Catarina para detener la venta de áreas verdes municipales a particulares, decisión que consideran un grave retroceso en materia ambiental, social y de desarrollo urbano.
La Sociedad de Urbanismo Región Monterrey (SURMAC) y el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM) acudieron al Palacio Municipal para entregar formalmente un exhorto en el que solicitan al Ayuntamiento reconsiderar esta medida. Además, ofrecieron asesoría especializada al municipio para encontrar alternativas financieras que no comprometan el patrimonio público.
Pricila Dávila, presidenta de SURMAC, rechazó que la venta de los predios sea la única vía para obtener recursos municipales. “Es falso que la única forma de obtener ingresos sea vender estos predios, existen otras vías más sostenibles. Incluso en países como España los municipios logran ingresos a través de esquemas de renta o alianzas público-privadas bien estructuradas”, afirmó.
La especialista subrayó que estos terrenos, al ser cedidos al municipio, forman parte de su patrimonio público y tienen como función principal servir de espacios para el disfrute ciudadano, aportando múltiples beneficios para la comunidad.
Por su parte, Selene Martínez Guajardo, directora del OCCAMM, advirtió sobre las graves consecuencias ambientales que tendría esta medida en un contexto de creciente contaminación y escasez de pulmones verdes en la zona metropolitana. “En un municipio que encabeza los índices de contaminación atmosférica en la zona, eliminar estas áreas sería una decisión ambiental y socialmente equivocada”, subrayó.
Martínez Guajardo enfatizó que estas zonas verdes cumplen funciones vitales, como la purificación del aire, el resguardo de la biodiversidad y la regulación de la temperatura, aspectos cruciales ante la actual crisis ambiental.
Ambas organizaciones reiteraron su disposición a colaborar con el gobierno municipal para diseñar un modelo de desarrollo urbano que sea justo, resiliente y sostenible, evitando así decisiones de corto plazo que comprometan el bienestar de las futuras generaciones.
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