La iniciativa para regularizar ocupaciones ilegales de viviendas a través de esquemas de renta con opción a compra ha encendido las alarmas en el sector empresarial. En un pronunciamiento conjunto, seis organismos —entre ellos COPARMEX, CONCAMIN y CANACO CDMX— manifestaron su rechazo tajante a la propuesta impulsada por el director del Infonavit, al considerar que vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores.
“La propiedad privada está resguardada”, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la pregunta expresa sobre la entrega de viviendas invadidas. Agradecieron su postura y pidieron que se traduzca en acciones firmes, pues —advirtieron— permitir que personas sin vínculo legal con el Instituto adquieran casas a precios subsidiados institucionalizaría la ilegalidad.
De acuerdo con cifras de la Secretaría del Bienestar, de las 168 mil viviendas censadas hasta ahora, un 86% están ocupadas sin relación jurídica con el Infonavit o sus legítimos dueños. Las organizaciones empresariales alertaron que la medida sentaría un precedente nocivo para la seguridad jurídica y el futuro del patrimonio habitacional del país.
También señalaron el deterioro creciente del Instituto. En seis años, la morosidad pasó del 7.8% al 18%, y si se consideran los créditos segregados, el incumplimiento alcanza el 32%. “Uno de cada tres financiamientos está en riesgo, y lejos de remediar el problema, se busca agravar la crisis financiera”, indicaron.
Criticaron que, en vez de atender a los acreditados que han cumplido o enfrentan retrasos, se pretenda extender beneficios incluso a invasores, pese a que muchas de estas viviendas ni siquiera pertenecen al Instituto, sino a particulares aún con créditos activos. “Es una violación directa al derecho de propiedad”, denunciaron.
En su posicionamiento, las cámaras empresariales recordaron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores y no para regularizar ocupaciones fuera del marco legal. Demandaron que la Asamblea del Instituto frene cualquier intento de legalizar tomas ilegales, y subrayaron que las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras dependencias.
“El país necesita instituciones fuertes, apegadas a la ley. El patrimonio de los trabajadores no puede convertirse en moneda de cambio”, concluyeron.
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