Lucía Barrios
Montevideo (Mesa Américas), 20 jun (Sputnik).- La exclusión del mercado formal y la falta de efectividad de las políticas públicas de vivienda, hace que para millones de personas en las periferias de las grandes ciudades de América Latina sea utópica la posibilidad de acceder a un hogar.
En la región crece un mercado informal de alquileres que impone precios altos, espacios cada vez más hacinados y poco saludables para quienes ya están en situación vulnerable.
Para agravar la situación, las redes delictivas han encontrado en este escenario de precariedad absoluta una veta de negocio inesperado.
“Estamos ante un cambio estructural en la manera en que se producen las ciudades en América Latina”, advirtió, en diálogo con la Agencia Sputnik, el catedrático Pedro Abramo, doctorado en economía urbana por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París.
El también profesor universitario en Brasil y coordinador del Observatorio de Políticas Inmobiliarias y Territoriales de la Universidad Federal de Río de Janeiro, afirmó que existe una “forma distinta de construir ciudad desde los márgenes y mucho más precarizada”.
“Si en el siglo XX la informalidad urbana se vinculaba a la ocupación de suelos vacíos y a la autoconstrucción, en el siglo XXI lo que emerge con fuerza es el mercado informal del suelo y del alquiler”, indicó Abramo, galardonado con el premio al mejor libro de economía por la Asociación Brasileña de Posgrado.
Abramo, también ganador del premio Milton Santos y dos veces del Premio Nacional de Política Urbana, identificó dos grandes submercados informales: los loteos en zonas periféricas a las ciudades y el alquiler de espacios precarios dentro de asentamientos ya consolidados.
“En muchos asentamientos, las familias construyen segundos o terceros pisos sin asistencia técnica y con materiales precarios. Construyen a medida de sus presupuestos familiares, que son muy escasos. Por tanto, hay un proceso de precarización en la edificación en altura vinculada al mercado informal”, explicó
El experto aseguró que los sectores vulnerables terminan siendo “penalizados” de forma doble, pues deben pagar altos precios por una “habitabilidad muy baja”.
“Se construyen pequeños cuartos, uno al lado del otro, con un único baño al final de un pasillo. Hay un proceso de precarización del precario”, añadió Abramo, quien tiene una decena de libros publicados en América Latina, Europa y Corea del Sur y fue secretario ejecutivo de la Asociación Brasileña de Planificación Urbana y Regional.
Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en dicha región más de 130 millones de personas viven en asentamientos precarios, lo cual es visto como una de las manifestaciones más claras de los problemas de exclusión.
Además, el déficit habitacional cuantitativo, que se refiere a la necesidad de construir nuevas viviendas para satisfacer la demanda de hogares, afecta en la región a más de 23 millones de personas.
A su vez, el déficit cualitativo -que mide deficiencias de materiales y servicios básicos- afecta a más de 46 millones de personas, cifras que, sumadas, representan casi un tercio de los pobladores urbanos de América Latina y el Caribe.
“Este problema es especialmente pronunciado en las zonas urbanas, donde la demanda de vivienda suele superar a la oferta, lo que hace subir los precios y dificulta la creación de opciones de vivienda más asequibles”, señala Pablo López, coordinador de la Iniciativa Ciudades con Futuro de CAF, en un artículo sobre la problemática.
CATÁSTROFE ANUNCIADA
La manera en que se está verticalizando las propiedades puede producir una “catástrofe anunciada”, advirtió Abramo.
“Buena parte de los procesos de verticalización acelerado están ocurriendo en ciudades que son sísmicas. Lima, Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala, un conjunto de ciudades latinoamericanas que son ciudades sísmicas, están creciendo en altura en los asentamientos populares sin asistencia técnica, con condiciones constructivas muy precarias y que un sismo puede producir un desastre de grandes proporciones”, advirtió.
El experto indicó que el proceso de verticalización generado por el mercado informal de alquileres está creando “nuevas áreas de riesgos urbanos”, ya que produce problemas de “salud pública”.
“Hay más problemas de salud pública vinculados al saneamiento básico. Hay un retorno de la tuberculosis en los asentamientos populares, en las villas, en las barriadas, en las favelas. Eso se suma al problema de la emergencia climática. Los eventos extremos, lluvias, los eventos de ondas de calor impactan de forma mucho más importante, mucho más significativa en esos asentamientos populares informales que están densificados y con alto proceso de verticalización”, indicó.
Detrás del aumento de este tipo de alquileres hay también una transformación social.
“Han crecido las familias monoparentales, especialmente hogares encabezados por mujeres jóvenes que, por conflictos de valores con generaciones anteriores, salen del hogar familiar pero se mantienen dentro del mismo asentamiento”, explicó Abramo.
Estas mujeres, muchas veces trabajadoras informales, demandan pequeños espacios dentro del barrio para poder continuar con sus vidas y sostener sus redes de cuidado.
“Estas trabajadoras, que suelen desempeñarse en tareas domésticas, necesitan estar cerca de sus empleos y también de sus redes de cuidado. Esa red se articula, en gran medida, dentro de las mismas villas, favelas o barriadas donde viven sus familiares, especialmente padres y abuelos. Mantenerse en esa proximidad les permite sostener la vida cotidiana”, afirmó.
Abramo enfatizó que las decisiones de los sectores populares no son impulsivas, sino profundamente meditadas: “Quienes viven en condiciones muy precarias no pueden permitirse actuar sin pensar; cada elección implica un cálculo cuidadoso”.
En ese sentido, explicó que alquilar una habitación cerca del centro urbano, a pesar de las condiciones precarias y el alto precio, tiene una lógica clara, vinculada al ahorro de tiempo y dinero.
ECONOMÍA CRIMINAL
Pero el problema va más allá. En los últimos años, las economías criminales comenzaron a penetrar de forma activa en el negocio inmobiliario.
Abramo advirtió que se está produciendo un proceso silencioso pero potente: las organizaciones criminales, que anteriormente usaban al mercado inmobiliario para blanquear dinero, ahora lo utilizan también para producir inmuebles para alquiler.
“La economía criminal ha descubierto la plusvalía inmobiliaria. Controlan el territorio y, con él, otros servicios: el cableado, el transporte, la distribución de gas, incluso el cobro de ‘tasas de seguridad”, señaló Abramo.
El experto indicó que esta irrupción de la economía criminal está produciendo una “expansión creciente de las periferias informales en América Latina”.
“Las periferias informales están siendo copadas por una economía criminal que ya no solo trafica, sino que produce y gobierna territorio. La economía criminal se va articulando con otras actividades, produciendo y controlando los territorios”, agregó el economista.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Ante este panorama, el experto indicó que “la economía criminal se transforma hoy cada vez más en América Latina en un productor de ciudades por la vía de los mercados informales de suelo e inmobiliario”.
“Eso significa que las políticas urbanas tienen que tener hoy un vínculo con las políticas de seguridad pública”, remarcó.
Asimismo, planteó como una alternativa el impulso de una política pública de “alquiler popular”.
Consideró que los Estados deben dejar de pensar políticas públicas basadas en la tenencia de propiedades y la construcción de viviendas en las periferias y pasar a meterse en el mercado ilegal de alquileres.
“Todavía la mayor parte de la oferta del mercado de alquiler continúa siendo de familias. Estoy convencido que es necesario hoy pensar una política pública que incorpore esas familias que hoy ofrecen alquileres en los asentamientos populares”, remarcó.
Los Estados deben fortalecer con crédito y asistencia técnica a las familias que ya ofrecen alquileres dentro de los asentamientos, agregó.
“Son ellas quienes siguen sosteniendo la mayor parte de la oferta. Si no se las apoya, será la economía criminal la que ocupe ese espacio”, indicó.
Pensar la vivienda como derecho, según Abramo, es el primer paso para desactivar la espiral de precariedad, enfermedad y criminalidad que hoy se cierne sobre millones de ciudadanos en América Latina. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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