Para cerrar las brechas legales que hoy ponen en riesgo a quienes buscan un cargo público, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla propuso la creación de una ley federal que garantice su seguridad durante los procesos electorales.
“Nuestro marco jurídico no tiene mecanismos claros para proteger a las y los participantes, ni existen procedimientos accesibles para quienes enfrentan amenazas”, advirtió la legisladora al presentar la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Reforma Política-Electoral.
El planteamiento busca establecer la colaboración entre la Federación y los estados para aplicar medidas de protección inmediatas que resguarden la vida, la integridad y los derechos político-electorales de quienes aspiran a ocupar un puesto de elección popular.
La propuesta incluye la creación de un mecanismo nacional encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República. Esta estructura contaría con una unidad especializada para atender casos urgentes y solicitudes de protección.
Como parte de las medidas, se contempla una línea de emergencia exclusiva para personas registradas como aspirantes, precandidatas o candidatas. La línea estaría disponible todo el año, las 24 horas, para reportar amenazas, agresiones o cualquier situación que ponga en peligro a las personas candidatas o sus equipos de campaña.
Ballesteros Mancilla subrayó la importancia de sancionar a quienes dentro del propio mecanismo lleguen a poner en riesgo la seguridad de los solicitantes. “Cometería un delito grave cualquier servidor público que, de manera dolosa, utilice o difunda información del sistema para causar daño”, señaló. Por este tipo de conductas, la diputada propone penas de hasta nueve años de prisión, multas económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La legisladora insistió en que esta ley es urgente para llenar los vacíos legales que actualmente impiden brindar protección efectiva a las personas candidatas. “Es fundamental garantizar que puedan ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de seguridad”, concluyó.
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