La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó la necesidad de combatir el lavado de dinero, pero advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), como está planteada, pone en riesgo la operación diaria de miles de negocios, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde la organización empresarial reconocieron que es urgente fortalecer los mecanismos contra el lavado de dinero y alinearse con estándares internacionales. Sin embargo, insistieron en que la iniciativa discutida en la Cámara de Diputados representa una sobrerregulación que podría provocar afectaciones severas en las empresas formales.
La preocupación de Coparmex se centra en las nuevas obligaciones para quienes realizan actividades consideradas vulnerables. El proyecto exige que las empresas documenten e identifiquen a todos sus clientes, con información detallada en el caso de personas morales. Además, amplía la cantidad de operaciones que deben ser notificadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y mantiene la restricción al uso de efectivo, una medida que, aseguran, no corresponde con la baja bancarización de muchos clientes en el país.
El organismo empresarial subrayó que las empresas tendrían que invertir en tecnología especializada, capacitar a su personal y contratar servicios externos para cumplir con los nuevos requerimientos, lo que representaría una carga económica difícil de absorber para los pequeños negocios. También alertaron sobre las sanciones desproporcionadas, que podrían superar los siete millones de pesos o, en algunos casos, alcanzar hasta el cien por ciento de la operación, incluso sin que se acredite dolo.
“La integridad financiera es clave para nuestras empresas, pero cualquier norma debe ir acompañada de un proceso técnico, gradual y que considere la realidad de las MiPyMEs. Sin ese equilibrio, el riesgo es que estas medidas promuevan la informalidad o generen el cierre de negocios”, señalaron.
Coparmex hizo un llamado al Congreso para que en el análisis de esta reforma se escuche al sector productivo y se construya un modelo proporcional, escalonado y con incentivos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
“Coincidimos en la importancia de prevenir el lavado de dinero, pero no a costa de la viabilidad de las empresas. México necesita reglas sólidas que no se conviertan en un castigo para quienes generan empleo”, concluyó el organismo.
