El diputado panista Miguel Lechuga denunció públicamente al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, por clasificar como reservada la información relacionada con la venta de 19 predios municipales, lo que, a decir del legislador, no solo carece de sustento legal, sino que podría ser un intento deliberado por ocultar irregularidades.
“Vine al Instituto Estatal de Transparencia porque el gobierno del alcalde Jesús Nava nos respondió que la información sobre la venta de estos 19 predios está clasificada. Eso no puede ser, estos expedientes fueron aprobados en sesión de Cabildo y esta información debe ser visible no solo para nosotros como diputados, sino para toda la ciudadanía”, declaró Lechuga al presentar el recurso de revisión.
El legislador fue contundente al señalar que la negativa del alcalde solo busca encubrir un posible desvío de recursos. “Es lamentable que el alcalde quiera ocultar la información de estos 19 predios por una simple razón: porque se está robando el dinero de estos 19 predios”, acusó.
En la queja presentada ante el Instituto Estatal de Transparencia, Lechuga detalló que el municipio argumentó que los documentos están clasificados debido a un supuesto proceso de investigación, pero nunca se especificó qué proceso, ante qué autoridad ni con qué expediente.
Además, cuestionó que el gobierno municipal alegue que se trata de información relacionada con un servidor público cuando, dijo, la solicitud fue clara: se pidió información sobre acuerdos de Cabildo, datos que por ley deben ser públicos. “El sujeto obligado actúa de manera dolosa porque la información solicitada es de carácter público y debe ser accesible para todos”, afirmó.
El diputado recordó que la Ley local de transparencia obliga a los municipios a poner a disposición del público las actas de Cabildo, los controles de asistencia y el sentido de votación de sus integrantes, lo cual, aseguró, el gobierno de Jesús Nava está evadiendo con “métodos dilatorios que solo evidencian la opacidad con la que opera”.
Miguel Lechuga también rechazó la declaración de inexistencia de la información por parte del municipio. Según explicó, la respuesta de la administración no cumplió con los parámetros legales al no presentar un acta de búsqueda ni la confirmación del Comité de Transparencia, pasos obligatorios en este tipo de procedimientos.
Con este recurso, el legislador busca que el Instituto Estatal de Transparencia obligue al gobierno de Santa Catarina a abrir los expedientes y garantice el acceso a la información sobre las operaciones que, dijo, son de interés público y deben ser transparentes.
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