Con el respaldo de las principales cámaras empresariales del estado, el diputado local José Luis Garza Garza, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para crear la primera Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nuevo León, con el objetivo de brindar certeza jurídica, orden y equidad en la relación entre ciudadanía y autoridades estatales y municipales.
Durante la presentación, el legislador señaló que actualmente cada dependencia y municipio opera con sus propias reglas, lo que genera caos, discrecionalidad y desconfianza. “Esta Ley busca cambiar eso de raíz”, afirmó.
La propuesta fue acompañada por representantes de CAINTRA, CANACO, COPARMEX, CMIC, CANACOPE y CANIRAC, quienes coincidieron en la urgencia de establecer un marco legal claro, con procesos unificados y accesibles para la ciudadanía y el sector productivo.
“El ciudadano y la inversión necesitan certidumbre. Esta ley facilitaría los trámites y reduciría la discrecionalidad”, expresó Vidal Garza Cantú, vicepresidente de COPARMEX Nuevo León.
Lo que propone la nueva Ley:
• Clausuras reguladas: No se podrá cerrar un negocio sin orden escrita ni visita documentada. Se otorgarán 10 días hábiles para corregir irregularidades, salvo casos de riesgo grave debidamente justificados.
• Protección al trámite ciudadano: Si un trámite está incompleto, la autoridad deberá prevenir una sola vez. Si no lo hace en un plazo de 10 días hábiles, no podrá desechar el trámite por omisión.
• Digitalización obligatoria: Las dependencias deberán contar con plataformas electrónicas y correos oficiales. Todo trámite digital deberá generar un acuse legal y permitir notificaciones electrónicas.
• Deberes claros para funcionarios: Las y los servidores públicos tendrán que recibir trámites, evitar requisitos duplicados, respetar plazos y tratar con dignidad a los ciudadanos. La negativa injustificada será sancionada.
• Mecanismos de defensa: Las y los ciudadanos podrán denunciar actos arbitrarios o negligencias ante la Contraloría estatal o municipal, que deberá canalizar y dar seguimiento a las quejas.
El director de CMIC Nuevo León, Hugo César Sánchez, destacó que esta legislación vendría a corregir un vacío normativo, ya que Nuevo León es una de las pocas entidades que aún no cuentan con una ley de este tipo, a diferencia de estados como Jalisco, Querétaro o Coahuila.
“Esto es un acto de responsabilidad legislativa que corrige un desequilibrio institucional”, añadió.
Por su parte, José Luis Garza Garza concluyó: “Esta Ley también protege a la autoridad, le dice cómo debe actuar, qué plazos cumplir y qué límites no puede cruzar. Es una herramienta para gobernar con orden y responsabilidad”.
Por: Michelle Cabrera – eitmedia.mx
