Ante el preocupante aumento de la violencia de género en Nuevo León, la diputada Anylú Bendición Hernández, del Grupo Legislativo de Morena, urgió a la Fiscalía General de Justicia del Estado a instalar más Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUMs) en los municipios donde se registran los índices más altos de agresiones contra mujeres.
La legisladora destacó que la falta de estos espacios fuera de Monterrey limita gravemente el acceso a servicios especializados para quienes enfrentan situaciones de violencia. “La solicitud en específico es que se hagan más Centros de Justicia para las Mujeres en los municipios con mayor índice de violencia. Nuevo León ocupa el tercer lugar en violencia familiar, y resulta que no hay centros que las atiendan”, señaló.
Actualmente, solo existe un CEJUM en la capital del estado, lo que ha generado una alta concentración de demanda. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2024 más de 13 mil mujeres acudieron a este centro y se brindaron cerca de 77 mil servicios especializados, lo que evidencia la urgencia de ampliar la red de atención.
Hernández subrayó que municipios como Juárez han registrado más de 500 denuncias por violencia familiar, mientras que en todo el estado se reportaron más de 950 casos de violación entre enero y noviembre de 2024.
El CEJUM ofrece atención integral que incluye orientación legal, apoyo psicológico y médico, además de funcionar como refugio temporal para mujeres víctimas de violencia. La diputada insistió en la necesidad de replicar este modelo en otras zonas del estado. “Queremos que se descentralice este centro para que las mujeres tengan acceso real a la justicia. Es absurdo que en 2025 solo exista uno, cuando debería haber al menos uno en cada municipio”, afirmó.
De acuerdo con la encuesta “Cómo Vamos Nuevo León”, el 38.7 % de la población percibe la violencia doméstica como un problema frecuente o permanente y el 35 % identifica este tipo de violencia también en espacios públicos. Además, el 91.7 % de los encuestados considera ofensivos los comentarios o insinuaciones hacia mujeres en la vía pública.
La diputada concluyó que garantizar espacios seguros y accesibles para las mujeres es una obligación del Estado y planteó la necesidad de asignar un presupuesto adecuado a la Fiscalía para que estos centros puedan construirse cuanto antes.
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