Por Yurien Portelles
Quito.- Cerca de 4.000 personas perdieron la vida el pasado año en Ecuador en siniestros de tránsito, una media de 11 muertes al día que ratifican a los accidentes viales como un auténtico problema de salud público sin freno a la vista.
Para Gladys Meléndez, coordinadora de la Fundación Tandem, las muertes en este tipo de siniestros constituyen un tema de salud pública, “porque son personas que no estaban enfermas y sus fallecimientos se han dado no por causas naturales o por enfermedades, sino porque el sistema no está funcionando bien”.
En conversación con la Agencia Sputnik, Meléndez agregó que unas 20.000 personas al año quedan con lesiones a causa de siniestros de tránsito en Ecuador, una cifra estimada, pues no hay información precisa sobre si tales consecuencias son permanentes o temporales.
“Esa es una de las cosas en que estamos fallando como país”, lamentó la coordinadora de Tandem, colectivo que construye puentes entre la institucionalidad pública y la ciudadanía en temas de seguridad y movilidad vial.
Según datos oficiales, la tasa de mortalidad anual debido a los accidentes de tráfico en Ecuador asciende a 23,4 por cada 100.000 habitantes, mientras la media en América Latina es de 14,1 por igual cantidad de población.
En cuanto a 2025, tan solo el primer trimestre se registraron 4.759 siniestros de tránsito, una disminución del 2,24 por ciento respecto a igual periodo en 2024, mientras en el mismo lapso se reportaron 4.045 lesionados en las vías y 565 fallecidos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La envergadura del problema está contenida en un estudio del Banco Mundial, según el cual Ecuador pierde aproximadamente entre el tres y el cinco por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) anual en accidentes de tránsito.
VELOCIDAD, ALCOHOL y CELULAR, FÓRMULA FATAL
“La primera causa de siniestros de tránsito en Ecuador es el exceso de velocidad, y, aproximadamente el ocho por ciento (está) motivado por la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol”, apuntó Meléndez.
La activista atribuyó la situación al no funcionamiento tanto del sistema general de la movilidad como de la infraestructura asociada, así como a las carencias del reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, de 2021.
En su opinión, tampoco existen controles sistemáticos y rigurosos, ni una respuesta inmediata para atender a los afectados tras un accidente, en la denominada “Hora Cero”, momento crucial para dar los primeros auxilios y salvar vidas.
Según el INEC, en el primer trimestre de 2025 un 38,12 por ciento de los accidentes obedecieron a las impericias de los conductores, un 21,56 por ciento al exceso de la velocidad y un 5,88 por ciento el estado de embriaguez o drogas de los conductores.
En enero pasado, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la sanción de cárcel por tres días para quienes cometan una infracción grave de exceso en la velocidad y dispuso mantener el pago de una multa de un salario básico unificado (470 dólares), además de la pérdida de 10 puntos en la licencia de conducir.
En tanto, se estableció un 30 por ciento de un salario básico unificado (141 dólares) para quienes tengan un exceso moderado de velocidad.
JUVENTUDES TRUNCADAS
Datos manejados por la Fundación Tandem indican que el 85 por ciento de los ecuatorianos muertos en siniestros de tránsito son hombres jóvenes.
“(Las víctimas) son gente joven, gente que está en edad de desarrollo, de producción, y, bueno, es un serio problema de salud pública que afecta a miles de familias en el Ecuador. Estamos hablando de algo muy grave y la Organización Mundial de la Salud nos da también esa alerta”, señaló a la Agencia Sputnik la activista Soraya Herrera.
Coordinadora de la Fundación Cavat, Herrera perdió en 2007 a su hija Nicole Paredes, de 16 años, mientras entrenaba con vista a superarse como triatleta en la avenida Simón Bolívar (Quito), una de las más letales del país, y desde entonces se abocó a este activismo.
Según señaló, desde entonces no visualiza una acción real encaminada a reducir las víctimas en las vías, y persisten “un montón de falencias en el sistema que lo hace inseguro, que no nos brinda la seguridad a los usuarios”.
En tal sentido, consideró que hay un “desinterés oficial” por cambiar la situación, al no imponer el uso obligatorio de cascos homologados con la norma internacional, o la falta de control de autos que circulan con niños a bordo sin contar con un sistema de retención, y que las inspecciones técnicas al transporte escolar se realicen una sola vez al año.
Para la coordinadora de Cavat, fundación dedicada a generar conciencia en conductores y peatones, e impulsar campañas de prevención, las causas fundamentales de los siniestros viales en Ecuador se resumen en “velocidad, alcohol y ahora se añade el uso del móvil”.
TRES AÑOS SIN REGLAMENTO
Meléndez insistió en que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (2021) aún carece de un reglamento para su aplicación, lo cual podría incidir en la ausencia de cambios en las vías.
“Han pasado más de tres años y todavía no hay reglamento y con el que se está trabajando ahorita ya no está vigente porque corresponde a la ley anterior. Y allí te permiten unos rangos moderados de velocidad muy por encima de los recomendados”, especificó.
Tal instrumento legal les daría a los municipios facilidades para enfocarse en trabajar en los controles viales, mediante el uso de tecnología como radares o cinemómetros para medir la velocidad, algo en imposible en la actualidad, acotó.
La coordinadora de Tándem valoró el trabajo de la sociedad civil, donde unas 60 organizaciones no gubernamentales integrantes de la Coalición de la Movilidad Segura en Ecuador laboran con el apoyo de la “Global Road Safety Partnership”, programa de subvenciones para la seguridad vial.
“Hemos logrado sentarnos con las autoridades durante estos tres últimos años por la emisión del reglamento y ya hemos trabajado en cinco borradores del documento, con más de 60 recomendaciones”, añadió.
Observó que solo falta la firma del presidente de Ecuador para que dicho reglamento entre en vigor, por lo que ahora se trata de un tema de voluntad política de las autoridades.
No obstante, resaltó el respaldo desde la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), a fin de bajar los números de las colisiones y de las víctimas.
“Nuestra principal motivación es que cada trayecto de la vida de las personas sea un trayecto seguro; que cada persona pueda ejercer su derecho a llegar con vida a casa siempre, que en ninguna vía de nuestro país se derrame sangre por algo evitable como son los siniestros de tránsito”, aseveró.
Movidana es otra organización de la sociedad civil, que trabaja con los gobiernos municipales en educación segura, capacitación técnica, atención a familiares de víctimas y en seguridad ciudadana, con tareas concretas como lograr el compromiso de la institucionalidad con ordenanzas y la promoción del uso de cascos seguros entre motociclistas.
Paola Carvajal, activista de Movidana, confirmó a la Agencia Sputnik que el propósito “es incidir tanto en política pública como en proyectos e incluso en la atención de las víctimas en accidentes de tránsito, buscando que pueda cambiar esta problemática y que los ciudadanos tengan mejor calidad de vida”.
Carvajal señaló que hace cuatro años Movidana desarrolló un modelo de ordenanza sobre el funcionamiento y la gestión de la movilidad, aprobada por cuatro de los 222 municipios del país, y al momento se trabaja con otros ocho para que se ordenen los proyectos a favor de la seguridad vial.
Respecto a los factores que inciden en la situación, coincidió en que la falta del Reglamento (de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) impide cambiar esta situación, que trunca un número considerable de vidas humanas en Ecuador. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/EcuNix
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