Las autoridades estadounidenses aprobaron colocar otra ‘barrera flotante’, similar a la que impuso Texas en 2023 y que provocó fuertes confrontaciones con el Gobierno del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano señaló que la construcción se llevará a cabo en el río Bravo —río Grande para los estadounidenses—, del lado que colinda con el estado mexicano de Tamaulipas.
“El proyecto de la barrera transportada por el agua (…) ha sido solicitado y está previsto que se adjudique a finales del año fiscal 2025, utilizando las asignaciones del año fiscal 2021 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU”, expuso.
Asimismo, la dependencia estadounidense dio a conocer que es la sexta exención firmada por la secretaria Kristi Noem para proyectos de construcción de barreras fronterizas a lo largo de la frontera sur con México.
“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) continúa buscando formas innovadoras de lograr esta misión. Se ha identificado una brecha de capacidad en las vías fluviales a lo largo de la frontera suroeste donde se produce el contrabando de drogas, la trata de personas y otras actividades peligrosas e ilegales“, agregó.
Ante ello, las autoridades de la nación norteamericana consideraron necesaria la elaboración de muro acuáticos para reforzar la seguridad en vías fluviales.
En 2023, precisamente el 7 de julio, las autoridades del estado de Texas comenzaron la instalación de una barrera flotante alegando que la medida servirá para detener la migración hacia Estados Unidos.
El 15 de julio de ese año, México envió una nota diplomática al Gobierno texano por la instalación de esta barrera, ubicada exactamente en la parte que divide la ciudad de Eagle Pass, Texas, con Piedras Negras, Coahuila.
A decir de las autoridades mexicanas, el Gobierno de Greg Abbott violaba el artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que señala que “el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre”.
Posteriormente, la Administración del entonces presidente Joe Biden informó el 24 de julio que demandó a Texas por el mismo asunto. La querella fue presentada en un tribunal federal de Austin, Texas, con el argumento de que el Gobierno del sureño estado violó las leyes que rigen las vías fluviales navegables, al erigir las barreras sin solicitar primero los permisos del país.
Adicionalmente, en el alegato se mencionó que las barreras amenazan la navegación y la seguridad pública, y presentan preocupaciones humanitarias.
El 3 de agosto de ese mismo año, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México denunció el hallazgo de dos cuerpos en la zona del “muro acuático”. Más d 20 días después, las boyas fueron movidas hacia el territorio estadounidense.
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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