“Los baches no son un mal inevitable, son el resultado de la negligencia, la opacidad y de que desde los gobiernos municipales se solapa a las empresas que le dan prioridad a sus ganancias sobre el bien público”, sentenció la diputada independiente Rocío Montalvo Adame, al presentar una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra empresas constructoras que entreguen obras de pavimentación de mala calidad en Nuevo León.
La legisladora propuso una reforma a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del estado, con el objetivo de romper el ciclo de reparaciones superficiales que han convertido al 25% del pavimento del área metropolitana de Monterrey en un foco constante de daños y quejas ciudadanas.
“Cada año se destinan millones de pesos a bacheo y pavimentación, pero el 78% de los ciudadanos sigue señalándolo como principal problema de movilidad. Esto deja en evidencia la mala calidad de las obras, y es además un robo al erario y una burla a la ciudadanía”, enfatizó.
La propuesta plantea que los municipios estén obligados a publicar en sus portales los estudios técnicos y diagnósticos antes de lanzar cualquier licitación, además de imponer sanciones económicas más severas.
“No es justo que una familia gaste miles de pesos en alineaciones o llantas por calles destruidas, mientras los contratistas cobran por obras que apenas nos duran meses. Con esta reforma, quien falle deberá responder con dinero de su bolsillo y su capacidad de seguir contratando”, subrayó Montalvo.
La iniciativa también contempla la inhabilitación temporal de las empresas que incumplan, así como sanciones proporcionales al valor total de la obra. “El dinero no falta; lo que falta es voluntad para sancionar a quienes hacen mal su trabajo. Si la Ciudad de México y Jalisco ya exigen calidad de pavimento en sus leyes, en Nuevo León también”, agregó, recordando casos documentados en municipios como Juárez, San Pedro y Guadalupe, donde se han invertido recursos públicos en reparaciones de corta duración.
El proyecto será turnado a la Comisión de Infraestructura y se prevé que cámaras empresariales y organizaciones civiles participen en su análisis. “Esta es una lucha por seguridad vial y transparencia. Calles bien pavimentadas salvan vidas, ahorran dinero público y mejoran el tránsito”, concluyó.
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