Con la preocupación puesta en la angustia de las familias que enfrentan la desaparición de un menor, el diputado Tomás Montoya, junto con las legisladoras Bere Martínez y Brenda Velázquez, presentó ante el Congreso local una iniciativa que busca establecer un protocolo inmediato de protección infantil en Nuevo León.
Se trata de la propuesta para crear la Ley para la Protección Inmediata de Niñas y Niños en Espacios Públicos del estado, una legislación que adapta el modelo del Código Adam implementado en Estados Unidos, con el objetivo de convertirlo en un instrumento obligatorio para todo el territorio estatal.
“Venimos a presentar una iniciativa que busca atender el tema de desaparición de menores, que preocupa mucho. Pensemos en la angustia de una madre, de un padre, de toda una familia cuando un menor desaparece”, señaló Montoya, al explicar el corazón del proyecto.
El legislador detalló que, si bien algunos de estos mecanismos ya están considerados en la Ley de Protección Civil desde 2023, esta nueva propuesta eleva su aplicación al rango de ley y obliga a todos los sectores a colaborar: gobierno, empresas y sociedad civil.
Entre los componentes clave de esta ley destacan la activación inmediata del protocolo por parte de cualquier persona acreditada; la creación de un Consejo Tripartito con representación gubernamental, empresarial y social; un Manual Operativo de aplicación estatal con fases y responsables; simulacros semestrales y capacitación obligatoria para personal operativo; así como una plataforma digital compatible con sistemas como C5 y Alerta Amber.
El llamado Código Prioridad Uno – P1 Niñez, contempla 51 artículos y 10 transitorios que abordan con enfoque integral la protección de menores en espacios de alta concurrencia, como centros comerciales, hospitales y parques.
“Estamos viendo cómo reforzar los protocolos de atención inmediata. Esta ley busca establecer un Código de búsqueda inmediata, inspirado en buenas prácticas como el Código Adam, pero adaptado al marco legal mexicano, con enfoque en derechos humanos, confidencialidad de datos y sin revictimización”, explicó Montoya.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, más del 51% de las personas desaparecidas en Nuevo León son menores de edad, una cifra alarmante que refuerza la urgencia de este tipo de acciones legislativas.
La iniciativa reconoce además a empresas y hospitales que han adoptado mecanismos preventivos de forma voluntaria, pero subraya que solo una legislación formal puede garantizar una respuesta estructurada y efectiva ante estas emergencias.
Turnada con carácter de urgente a comisiones, esta propuesta podría colocar a Nuevo León como pionero nacional en protocolos de búsqueda infantil en espacios públicos. Su discusión y posible aprobación marcarán un precedente para priorizar el derecho de las niñas y niños a vivir seguros.
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