En Campeche, donde la economía regional aún respira al ritmo de la industria petrolera, las empresas proveedoras de servicios a Pemex enfrentan una paradoja kafkiana: no han recibido pagos de la paraestatal, pero son sancionadas por el SAT e ignoradas por el IMSS. Ante esta situación, la diputada federal Ariana Rejón Lara pidió frenar los embargos y condonar intereses fiscales a las empresas atrapadas en este vacío legal y financiero.
“El Estado actúa como deudor y sancionador al mismo tiempo, sin garantizar el pago previo al proveedor”, señaló la legisladora del PRI, quien presentó un Punto de Acuerdo en conjunto con el diputado panista Federico Döring. Su solicitud es clara: que tanto el SAT como el IMSS dejen de castigar a quienes no han podido cumplir sus obligaciones fiscales porque Pemex, simplemente, no les ha pagado.
De acuerdo con los datos citados por Rejón Lara, la deuda de Pemex con proveedores y contratistas alcanzó los 404 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2025, un aumento del 260 por ciento respecto a 2018. A esa cifra se suman otros 50 mil millones en trabajos ya realizados que no han podido ser facturados, debido a fallas en el sistema interno de codificación de la propia paraestatal.
La crisis no es anecdótica. En Ciudad del Carmen, más de 50 empresas han sido embargadas por el SAT, sin que hayan recibido un solo peso por parte de Pemex. La consecuencia ha sido inmediata: incapacidad para pagar nóminas y la paralización de actividades. Lo mismo ocurre en Veracruz y Tabasco, donde más de 25 compañías acumulan adeudos por mil 500 millones de pesos.
La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC) ha advertido que muchas de estas PyMEs podrían suspender operaciones este mismo mes de julio, poniendo en jaque la producción nacional de hidrocarburos. La diputada Rejón Lara subrayó que continuar con los embargos fiscales no solo destruye empleos y vulnera derechos laborales, sino que debilita la recaudación futura y socava la base de asegurados del propio IMSS.
“Proteger a la industria regional petrolera en Campeche es clave para evitar despidos masivos, caída de recaudación y deterioro de confianza empresarial”, advirtió.
En un contexto donde el Estado juega en dos bandos, uno que no paga y otro que embarga, la diputada hizo un llamado a la lógica: “Un gesto de condonación y suspensión de actos jurídicos podría equilibrar el sistema sin vulnerar derechos”. Porque castigar a quien ya fue golpeado por el incumplimiento, además de injusto, resulta contraproducente.
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