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Busca Tomás Montoya beneficiar a empresas que apoyen el transporte de su personal

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Con el fin de mejorar las condiciones de movilidad para trabajadores de bajos ingresos, el diputado local de Morena, Tomás Montoya, propuso modificaciones a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo de Nuevo León, que permitirían otorgar exenciones en el Impuesto sobre Nómina (ISN) a empresas que respalden directamente el traslado de su personal.

La iniciativa presentada ante el Congreso local plantea reformar los artículos 21 BIS y 27 de dicha ley, con el objetivo de incentivar a las empresas que proporcionen transporte privado o subsidios para el transporte público a trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos.

“El planteamiento incluye dos líneas claras: por un lado, estímulos fiscales a compañías que ofrezcan rutas de transporte propias para sus trabajadores, y por otro, apoyos a aquellas que contribuyan con saldo económico al transporte público de sus empleados”, explicó el legislador.

Montoya subrayó que esta propuesta busca crear un puente de colaboración entre iniciativa privada y gobierno, a fin de aliviar el gasto diario que muchas personas destinan exclusivamente para llegar a su lugar de trabajo.

De acuerdo con cifras del INEGI, tan solo en enero de 2024 el sistema de transporte urbano de Monterrey registró más de 16.2 millones de pasajeros, lo que evidencia el grado de saturación y la urgencia de soluciones integrales. Además, los constantes aumentos en las tarifas han golpeado el bolsillo de miles de familias trabajadoras.

Por su parte, el IMSS reportó en 2023 la existencia de más de 76 mil empresas activas en el estado, generando empleo para más de 2.1 millones de personas, lo que refuerza la relevancia de fomentar condiciones más equitativas en materia de movilidad laboral.

Montoya añadió que muchas empresas ya han adoptado esquemas de transporte privado para su personal ante la falta de cobertura del transporte público, pero esto ha generado brechas entre quienes tienen o no acceso a ese beneficio. Con este decreto, se pretende formalizar un mecanismo fiscal que permita ampliar y democratizar este tipo de apoyos.

“Impulsar la justicia social y el desarrollo económico no debe ser contradictorio. Esta reforma busca avanzar en ambas direcciones, mejorando la calidad de vida laboral sin sacrificar la competitividad de las empresas”, concluyó.

Por: Michelle Cabrera-eitmedia.mx