Ana Delicado Palacios
Buenos Aires.- El Gobierno argentino expulsó este miércoles a un ciudadano afrouruguayo residente en el país por una condena de un año y seis meses de prisión de 2021 pese a que tiene tres hijos menores nacidos en la nación sudamericana y aunque la ley estipula que la expulsión solo puede producirse con penas que alcancen los tres años de cárcel.
“Es el primer caso, del que tomamos conocimiento, de una expulsión que habilitó la separación de un padre de sus tres hijos argentinos”, sostuvo durante una entrevista con la Agencia Sputnik el director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales.
Pedro Martínez Piedraíta, casado con una argentina y padre de tres hijos menores de edad, de 6, 15 y 16 años, fue expulsado del país a las 03.00 de la madrugada este miércoles, tras haber descubierto el viernes, cuando fue a renovar ante la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la residencia precaria que tenía (un permiso temporal que otorga el Estado mientras se tramita el DNI temporario o definitivo), que había una orden de expulsión en su contra.
Este ciudadano, de 60 años, fue detenido en ese mismo momento, y tuvo que esperar al lunes para ponerse en contacto con una abogada e intentar frenar su expulsión, decretada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº 12 a partir de un decreto de Migraciones de marzo de 2023 que prohibió además su reingreso al país de manera permanente.
Con 19 años de residencia en Argentina, Martínez Piedraíta ya había cumplido su pena excarcelable de un año y seis meses de prisión por el delito de violación de domicilio, amenazas reiteradas y desobediencia reiteradas, “un antecedente que no es el que establece la ley como impedimento u obstáculo para residir en Argentina”, aclaró Morales.
El presidente Javier Milei promulgó el 29 de mayo un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modificó la Ley de Migraciones N° 25.871, pero ni siquiera esa normativa ampara la expulsión de Piedraíta, afirmó el director del CELS, un organismo de derechos humanos reconocido en Argentina.
“Incluso con la modificación de la ley con el DNU, lo que te impide quedarte en Argentina es si tienes antecedentes o condenas vinculadas a penas mayores de tres años de cárcel”, ratificó el abogado.
El DNU 366 firmado por Milei y el resto de ministros de su gabinete sí tiene un impacto en la expulsión de este uruguayo al haber modificado el artículo 70 del régimen migratorio vigente, de manera tal que antes, “si alguien era retenido para ser expulsado y acreditaba que tenía hijos argentinos, la DNM debía liberarlo, pero ahora, el decreto dice ‘podrá'”, precisó Morales.
La legislación argentina, en cualquier caso, no permite la expulsión de un ciudadano extranjero por una pena de prisión menor a los tres años, y además obliga a Migraciones a constatar la paternidad de hijos argentinos que alegue un extranjero, hecho que no ocurrió con Martínez Piedraíta.
“Se trata de una aplicación ilegal de la Ley de Migraciones y una falta de consideración a la situación familiar de Juan”, ratificó el titular del área de Litigio y Defensa Legal.
DECRETO CUESTIONADO
Más de 150 organizaciones argentinas, entre instituciones académicas y de investigación, centros vinculados a universidades, entidades de derechos humanos y redes relacionadas con migrantes, denunciaron el carácter xenófobo del DNU 366 del Gobierno de Milei, por considerar que restringe derechos garantizados por la Constitución.
El decreto, que endurece los requisitos de permanencia y amplía las condiciones de deportación, también impide el ingreso al país de cualquier extranjero que haya cometido delitos y obliga a los residentes transitorios y temporales a pagar por los servicios de salud.
Además endurece los requisitos para quienes soliciten la nacionalidad o la residencia permanente, para cuya obtención se establece como condición que el demandante permanezca en el país de manera continuada, sin poder salir de Argentina durante dos años.
A casi dos meses de la promulgación del DNU, a la espera de que la comisión bicameral permanente del Congreso se pronuncie sobre su validez, el decreto sí asegura la ciudadanía a los extranjeros “que realicen una inversión relevante en el país”.
A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país abierto a la inmigración y ha impulsado políticas migratorias tendientes a favorecer el ingreso de extranjeros, tanto europeos como sudamericanos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. (Sputnik)
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