Quito.- La Iglesia Católica de Ecuador oculta los casos de pederastia clerical, dijo a la Agencia Sputnik la abogada y activista por los derechos humanos Sybel Martínez, quien es directora del Grupo Rescate Escolar.
Existe “el ocultamiento de estos casos, el cambio de parroquias de los ofensores sexuales, que por lo general son sacerdotes, y sobre todo el incumplimiento del deber de denunciar por parte de las autoridades de la Iglesia”, afirmó.
Asimismo, Martínez precisó que en estos “espacios de fe” se busca promover el silencio sobre estos hechos.
“Nos hemos sorprendido con algunos patrones de comportamiento dentro de la Iglesia”, aseveró.
La activista presentó un informe en el Parlamento esta semana, en el que se señala que 344.357 niños y niñas fueron abusados a nivel nacional durante seis años, lo que representa 5.520 niños y niñas cada mes, 184 cada día y ocho cada una hora.
La directora del Grupo Rescate Escolar indicó que en el reporte se investigaron 13 casos en el país de pederastia clerical, pero aseguró que extraoficialmente se conoce que la Iglesia tendría en total 45 denuncias.
“Extraoficialmente conocemos que solo en Quito la Conferencia (Episcopal) tendría al menos 45 casos denunciados al interno de la Iglesia; desconocemos si las autoridades eclesiales han denunciado estos hechos a la justicia ordinaria”, añadió.
PROYECTO DE LEY
Actualmente, la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) trabaja en conjunto con la sociedad civil para promover una reforma al Código Penal nacional para la erradicación del flagelo de la pederastia, impulsada desde 2024 por la legisladora Viviana Veloz, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda).
Al presentar la iniciativa en la anterior legislatura (2023-2025), Veloz señaló que las cifras son alarmantes ya que el 70 por ciento de los casos de violencia sexual ocurren a nivel intrafamiliar o comunitario y el 30 por ciento en instituciones.
La propuesta propone añadir 17 nuevos artículos para sancionar delitos como la pederastia por distribución de material pornográfico, abuso sexual, violación y la violencia sexual institucional, y establece crear un registro de delitos sexuales contra menores así como una Comisión de la Verdad para investigar la pederastia clerical.
La activista resaltó la importancia de la resolución adoptada esta semana en el parlamento unicameral ecuatoriano para investigar estos hechos y evaluar lo realizado en este ámbito por parte de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura.
“Se busca, primero, tipificar la pederastia como un delito autónomo, pero también valorar esta posibilidad de tipificar la violencia institucional y la responsabilidad solidaria institucional respecto a casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes; también de mujeres”, señaló Martínez, cuya organización forma parte de la Coalición de Lucha Contra la Violencia en Espacios de Fe.
UNA SITUACIÓN “ENDÉMICA”
Por otro lado, Martínez añadió que en el caso de los abusos sexuales cometidos en el sistema educativo, esta situación sería “endémica” en el país.
“Así lo ha dicho incluso Human Rights Watch en dos informes que ha emitido al respecto”, apuntó.
Según explicó, en muchos de estos hechos está el agravante de que se producen en instituciones de educación, religiosas y castrenses, entre otras, “que además no cumplen su deber jurídico de denunciar”.
Datos de la Fiscalía indican que desde enero de 2018 a junio de 2023 se registraron 52.051 denuncias de abuso sexual infantil, pero solo 2.500 tuvieron como resultado una sentencia contra los agresores. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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