Ante el avance tecnológico y el incremento de agresiones digitales, la diputada de Morena, Delhi Miroslava Shember Domínguez, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes manipulen contenidos íntimos de personas adultas mediante inteligencia artificial sin su consentimiento. La propuesta busca modificar el artículo 199 Octies del Código Penal Federal y establecer penas de hasta ocho años de prisión, así como multas que ya contempla la ley actual.
El proyecto legislativo fue turnado a la Comisión de Justicia y subraya que la violencia digital, manifestada en actos como el ciberacoso, la suplantación de identidad y la difusión de imágenes o videos manipulados con tecnología avanzada, constituye una nueva forma de agresión que atenta directamente contra la privacidad, dignidad e integridad emocional de las personas.
“Es necesario que el actual sistema penal contemple sanciones proporcionales a la lesividad de las conductas que implican la vulneración a la intimidad personal”, argumentó la legisladora, quien hizo hincapié en que la difusión, obtención o uso indebido de material íntimo sexual sin consentimiento debe ser tratado con la gravedad que merece.
La diputada explicó que el crecimiento del acceso a internet y dispositivos electrónicos ha facilitado la proliferación de estas agresiones, afectando sobre todo a mujeres y niñas. “Estas formas de agresión no solo provocan daños emocionales graves, sino que también afectan la reputación pública de las víctimas, impactando negativamente en su vida social, profesional y familiar”, señaló.
Shember Domínguez consideró urgente actualizar el marco jurídico para atender los nuevos desafíos tecnológicos, al advertir que el Código Penal Federal mantiene un rezago importante frente a estas realidades. “La legislación vigente no contempla de manera específica las conductas delictivas vinculadas con el uso indebido de herramientas basadas en inteligencia artificial”, advirtió.
La iniciativa destaca también que esta laguna legal permite que los agresores se amparen en el anonimato y en la complejidad técnica para evadir la justicia, pese al daño sostenido que pueden causar. En ese sentido, la diputada subrayó que el Estado debe garantizar una respuesta penal efectiva que priorice los derechos fundamentales y brinde seguridad jurídica a las víctimas.
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