En un país donde millones se acuestan con hambre mientras toneladas de comida terminan en la basura, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del Partido Verde Ecologista, lanza una propuesta que busca revertir esta contradicción. Su iniciativa de reforma a la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible plantea que los alimentos no comercializables, pero aptos para el consumo humano, dejen de ser desechados y puedan ser donados de manera segura y organizada.
“En México se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a 25 millones de personas”, advierte Astudillo en la exposición de motivos de la reforma. Ante esta realidad, propone una adición al artículo 32 de dicha ley, junto con un nuevo artículo 32 Bis, para permitir que cualquier persona, organización o empresa que cuente con productos alimentarios no aptos para la venta, ya sea por su estética, etiquetado o corta vida útil, pueda donarlos, siempre que cumplan con las normas de inocuidad.
La propuesta no deja cabos sueltos. Los posibles beneficiarios de las donaciones deberán estar legalmente constituidos con fines de asistencia social, tener la capacidad de almacenar y distribuir los alimentos en condiciones adecuadas, y respetar los lineamientos sanitarios vigentes. Además, deberán contar con la infraestructura necesaria para asegurar que los productos lleguen a quienes más los necesitan sin comprometer su seguridad.
Para Astudillo, esta reforma no solo tiene un trasfondo social, sino también ambiental y económico. Subraya que el desperdicio alimentario tiene un alto costo en términos de recursos naturales y emisiones contaminantes, lo que impacta directamente en el cambio climático. “Si se recuperaran los alimentos desperdiciados, podrían alimentar durante semanas a los 7.4 millones de personas que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria”, sostiene.
Además, alienta a que el sector privado vea en la donación una oportunidad y no una carga: “Ayudaría a que las empresas reduzcan los costos asociados al manejo de alimentos desperdiciados y aprovechen incentivos fiscales por donar sus excedentes”.
Con esta iniciativa, el legislador busca alinear a México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente aquel que insta a reducir a la mitad el desperdicio global de alimentos per cápita. Pero, sobre todo, pretende dar un paso firme hacia el cumplimiento del derecho constitucional de toda persona a una alimentación adecuada.
La reforma, si avanza, podría marcar un antes y un después: el de un país que transforma el desecho en solidaridad y la indiferencia en acción.
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