Desde la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, y frente a un auditorio conformado por juristas y especialistas, la diputada federal Marcela Guerra Castillo alzó la voz en defensa de una causa que sigue esperando justicia: los derechos de las personas migrantes. En el marco del 53 Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios urgió a transformar la mirada del Estado hacia quienes se desplazan, no con miedo, sino con humanidad.
“La migración no puede seguir tratándose como un tema de seguridad. Es una cuestión de derechos humanos”, sentenció Guerra ante los asistentes al foro “Los derechos humanos de las y los migrantes. Reflexiones de Parlamento Abierto”. La legisladora subrayó que México debe responder a su papel geopolítico clave con corresponsabilidad internacional y compromiso ético. “Debemos replantear la forma en que actuamos desde la ley, los consulados y el discurso institucional. La migración es parte de nuestra historia, no un fenómeno que deba castigarse.”
Recordó que la política migratoria vivió un punto de quiebre con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cuando el enfoque humanitario fue reemplazado por una narrativa de seguridad que endureció las fronteras y deterioró la cooperación bilateral. Para Guerra, es indispensable que México no repita ese error.
Frente a un contexto internacional más tenso y con flujos migratorios cada vez más complejos, propuso una armonización legislativa que reconozca nuevas categorías migratorias, como los desplazados por violencia o cambio climático, y que impida cualquier forma de criminalización hacia las personas en tránsito.
La legisladora del PRI también lanzó un llamado a las barras y colegios de abogados, así como a las organizaciones civiles, para articular una red de protección amplia que defienda a quienes se ven obligados a dejar su hogar. “Solos no podemos. La defensa de la dignidad humana requiere sumar esfuerzos entre instituciones, sociedad civil y organismos internacionales”, afirmó.
Guerra planteó además fortalecer la red consular mexicana en Estados Unidos para ofrecer una protección más efectiva, particularmente ante un posible escenario de retornos masivos. Y subrayó que la política migratoria debe incluir acceso pleno a programas educativos y sociales para personas migrantes retornadas, corredores humanitarios y justicia ágil para niñas, niños y adolescentes en movilidad.
“México ha sido un país de puertas abiertas. Hoy más que nunca debemos refrendar ese compromiso constitucional y humanista”, remató la diputada, convencida de que la legislación migratoria no puede quedarse en el papel: debe responder, proteger y abrazar a quienes llegan, se van o regresan. Porque migrar no es un delito. Es, simplemente, humano.
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