Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja no dejó lugar a medias tintas: calificó de falsas y sin sustento las acusaciones en su contra presentadas por el PAN ante la Fiscalía General de la República, y anunció que responderá con una denuncia penal por falsedad de declaraciones.
“El objetivo de esta reunión es responder a las calumnias, a la difamación, a la cobardía del Partido Acción Nacional”, lanzó el legislador del Partido del Trabajo durante una conferencia de prensa en la que negó cualquier implicación en los hechos que se le atribuyen. Según Mejía, la querella presentada por el blanquiazul es parte de una maniobra política “falsa, calumniosa y frívola” para obstaculizar su carrera en Coahuila.
Asegura que su expediente está limpio y que su paso como subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue ejemplo de firmeza contra el crimen. “Encabecé el programa ‘Cero Impunidad’, promovimos acciones contra el crimen organizado”, recordó, dejando claro que no teme comparecer ante la justicia si se ratifica la denuncia en su contra.
Con una carpeta legal bajo el brazo, Mejía advirtió que procederá legalmente contra quienes lo acusan. “El que afirma está obligado a probarlo. La vamos a revertir a estos calumniadores, porque no tienen ningún elemento”, dijo, citando el artículo 240 del Código Penal de Coahuila, que sanciona las denuncias falsas o sin fundamento.
Pero el legislador fue más allá. Acusó directamente al gobernador Manolo Jiménez Salinas de proteger a mandos policiacos presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, organización que —afirmó— controla la distribución de cristal en el estado. Aseguró que la seguridad de Coahuila está en crisis por el aumento del narcomenudeo y el robo de combustibles, delitos que, según él, operan con respaldo de la policía estatal.
En medio de este cruce de acusaciones, Mejía reveló también la existencia de un supuesto “cártel inmobiliario” en Saltillo, encabezado por familiares del actual gobernador, al que comparó con el caso que sacudió a la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México. Dijo tener conocimiento de propiedades vinculadas a esta red por más de 25 millones de dólares en Estados Unidos, presuntamente derivadas de permisos irregulares otorgados durante la gestión municipal de Jiménez Salinas.
Ante esta serie de señalamientos, anunció que el Grupo Parlamentario del PT respaldará la creación de mecanismos legislativos para investigar este caso y otros similares, convencido de que la corrupción no debe esconderse tras denuncias sin pruebas.
Así, mientras el PAN lleva sus acusaciones a los tribunales, Mejía Berdeja responde con una ofensiva legal y política que promete abrir un nuevo capítulo en la ya tensa disputa por el futuro de Coahuila.
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