Una vez más, los datos oficiales contradicen el discurso triunfalista del gobierno. La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, arrojó una cifra que no puede pasar desapercibida: el 63.2 por ciento de los mexicanos mayores de edad consideran que vivir en su ciudad es inseguro. La percepción crece, la violencia persiste y el silencio de Morena también.
Para el diputado Rubén Moreira Valdez, la encuesta representa la confirmación del fracaso de una estrategia de seguridad que nunca tuvo rumbo. Desde sus redes sociales, el coordinador de los legisladores del PRI fue tajante al señalar que las ciudades con mayor sensación de inseguridad —Culiacán, Ecatepec y Uruapan— coinciden con gobiernos estatales de Morena, mientras que las localidades mejor evaluadas en este rubro, como San Pedro Garza García, Piedras Negras y Benito Juárez, pertenecen a la oposición. No es casualidad, advierte, es consecuencia de políticas públicas ausentes o erráticas.
“Desmantelaron programas, retiraron apoyos a policías municipales, centralizaron todo, pero sin resultados”, sentenció Moreira. A ello, sumó el desinterés de varios gobernadores, a quienes acusó de no enfrentar el problema de frente y dejar la carga únicamente a la federación. Campeche y Puebla fueron mencionados como ejemplos donde el crimen ha ganado terreno, mientras la autoridad opta por mirar hacia otro lado.
En este contexto, el también exgobernador de Coahuila subrayó que la narrativa de que todo marcha bien se cae con datos duros. “Esta encuesta desmonta el discurso de Morena y demuestra que la estrategia de seguridad no solo es ineficaz, sino peligrosa. La violencia se está normalizando y eso es lo más grave”.
Desde Sinaloa, el diputado Mario Zamora se sumó al reclamo. Dijo no sorprenderse de que en Culiacán nueve de cada diez ciudadanos se sientan inseguros. “Es el resultado de años de desorden, de una política de seguridad fallida que sigue vigente”, expresó. Recordó que los sinaloenses son valientes, pero no por ello deben cargar solos con una realidad tan cruda. “La gente no merece vivir con miedo. Si los que están en el poder no pueden, que lo digan o se hagan a un lado. Hay muchos dispuestos a ayudar”, sentenció.
Ambos legisladores coinciden en que la ausencia de una política integral de seguridad, la improvisación, y el desdén por la coordinación interinstitucional están cobrando factura. La encuesta no es una estadística más: es un grito social que exige respuestas, no discursos. Vivir con miedo no puede seguir siendo la normalidad.
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